Luego de la agresión sufrida de la presidenta Dina Boluarte, por parte de familiares de fallecidos en las protestas contra su gobierno, el Ejecutivo decidió destituir al jefe de la Policía Nacional (PNP). Al respecto, el partido Avanza País consideró que no existe una causal legal para ello.
En diálogo con Infobae Perú, el vocero de la agrupación, Luis Flores Reátegui, mencionó que el general Jorge Angulo podría iniciar acciones dado que su salida no cumple con ninguna de las causales expuestas en la Ley 31570, que fue promulgada el 09 de setiembre del 2022.
De acuerdo al artículo ocho, los motivos para cambios en la conformación del alto mando policial, que la integra el comandante general, el jefe de estado mayor y el inspector, son: por solicitud de su pase a retiro, muerte, incurrir en falta muy grave, cometer un delito doloso o en flagrancia, así como la incapacidad física permanente, que debidamente declarada por una junta médica, que precise su inhabilitación para el ejercicio de la función.
“En este caso, no cumple con ninguno de estos requisitos; por el contrario, la resolución alega que Angulo no ha logrado disminuir la criminalidad que viene afectando gravemente a la ciudadanía a nivel nacional y que se habría evidenciado negligencias muy graves en el control y comando de la institución policial, de las que no hay ninguna prueba”, manifestó Flores Reátegui.
“Entiendo que el ministro del Interior ha reconocido que la ley 31570 no se encuentra reglamentada, que es función del propio Ejecutivo. Y sobre la justificación de que los índices de criminalidad continuaban, bajo ese argumento, el ministro debió ser el primero en renunciar”, destacó.
En ese sentido, Luis Flores Reátegui consideró que la decisión de cambiar a los altos mandos policiales responde a tapar el error político del ministro del Interior, Víctor Torres, sobre el mal resguardo policial que tuvo la presidenta Dina Boluarte en Ayacucho, donde fue agredida por dos mujeres.
“Si bien la ley indica que el comandante general de la Policía es designado por el presidente de la República, de acuerdo al estricto orden de antigüedad en el escalafón de oficiales; su cargo es por dos años e incluso, excepcionalmente, se le puede adicionar un año más”, añadió a este medio el también secretario nacional de Avanza País.
Durante su participación en la sesión de la Comisión de Defensa Nacional del Congreso, el ministro del Interior, Víctor Torres, fue consultado por la salida del comandante y reconoció que, pese a que la Ley 31750 fue promulgada —por insistencia— hace más de un año, “aún no ha sido reglamentada”.
Al respecto, la titular del grupo de trabajo, Patricia Chirinos, recordó que la Constitución establece que “la ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación”; por lo que “si alega que la falta de reglamentación implica la no aplicación de la modificación, significa que su sector es responsable de ello”.
“Esto es una burla del Ejecutivo con relación a una ley aprobada por el Congreso”, agregó.
En tanto, el parlamentario Roberto Chiabra criticó que se le atribuya a la Policía el fracaso de los estados de emergencia. “Si así lo tratamos al que es comandante general, ¿a los otros oficiales cómo? […] Estamos generando un mal precedente”, advirtió.
Sin referirse a los cuestionamientos relacionados con la Ley, el titular del Mininter sostuvo que la intención del gobierno no fue “manosear la institución” y que el general Angulo ha permanecido en su cargo más de un año, “pero ha habido falencias en la labor, situaciones que han escapado de su control”.
“Este cambio se debe al problema álgido de la inseguridad ciudadana, pues la Policía necesita un refrescamiento. No podemos seguir haciendo más de lo mismo. Este cambio le va a dar sangre nueva y vitalidad a la Policía para que afronte con más fuerza, con el valioso apoyo de las fuerzas Armadas, el problema de la inseguridad”, añadió.
“Son externalidades”
Consultado sobre su salida, el general Angulo indicó que lo sucedido con la presidenta en el sur del país fue el pretexto para sacarlo del cargo y alegó que existirían intereses detrás su remoción.
“Los problemas sociales son problemas difíciles de solucionar. Los problemas sociales se administran. Lo que nosotros vemos, la Policía y otros actores son las externalidades, las consecuencias”, dijo el exjefe de la PNP en Willax TV.