10 millones de dólares: El precio por la vida del empresario encontrado muerto en La Libertad

Luego de que el empresario minero Santos Guillermo Sánchez Vera, conocido como ‘Chapana’, fuera secuestrado en la madrugada del jueves 18 de ener del año 2024, atacado en una emboscada a su camioneta en el sector Bello Horizonte (La Libertad), la familia de la víctima denunció que está recibiendo amenazas y llamadas de los presuntos delincuentes en las que se pedía un rescate de 10 millones de dólares.

Según la el coronel PNP Javier Méndez Yupanqui, jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo, la esposa del empresario habría recibido comunicaciones en la que supuestamente se habría establecido contacto con él directamente y se habría solicitado la cuantiosa suma de dinero a cambio de su liberación.

Sin embargo, la familia habría negociado por su cuenta la reducción del rescate y, según medios locales, este se habría reducido hasta los cuatro millones de dólares. Pese a ello el empresario fue asesinado y su cuerpo fue encontrado la mañana del 23 de enero del año 2024 pues solo se habría pagado parte del monto acordado: 1.5 millones de dólares.

“Por no pagar completo” fue la inscripción que los delincuentes dejaron en el abdomen de Sánchez Vera, conocido como ‘Chapana’. El cuerpo estaba ubicado en un descampado en Santiago de Chuco y con señales evidentes de tortura pues los dedos de sus manos estaban mutilados.

La policía sí logró hallar el vehículo del empresario en la escena del ataque la mañana de su desaparición junto a dos personas fallecidas, quienes serían parte del cuerpo de seguridad del empresario. En una entrevista con RPP, Méndez Yupanqui indicó que los hombres sí habrían sido los guardaespaldas del empresario y fueron identificados como Edgard Vera Torres y Roger Leonard Paredes Aguilar.

“Tenemos conocimiento de que en la camioneta iban tres personas, supuestamente los que han sido encontrados y el señor ligado a la minería. Es una camioneta Ford Raptor, es un vehículo de alta velocidad y de alta gama”, precisó durante la comunicación con el medio.

El secuestro fue alertado en las primeras horas del jueves 18 de enero, tras el hallazgo por parte de agentes policiales de la camioneta del empresario, de placa de rodaje BFF-945, abandonada en el centro poblado Quirihuac.

Por otro lado, indicó que se están realizando las investigaciones para determinar si efectivamente el vehículo de placa BFF-945 habría sido conducido por el empresario al momento de ser interceptado por los secuestradores.

No se descarta la posibilidad de que el crimen haya sido cometido por criminales relacionados con la minería ilegal, quienes estarían interesados en que la compañía de propiedad de Sánchez Vera deje de extraer minerales en Pataz, una provincia conocida por tener una gran actividad minera ilegal.

El problema de la actividad extractiva no regulada en la zona particular de Pataz, La Libertad, generó un pronunciamiento por parte de la Defensoría del Pueblo desde diciembre del año 2023, cuando la institución indicó que “exhorta al Estado que las problemáticas de minería ilegal e incremento de la inseguridad ciudadana, a consecuencia de esta, en la provincia de Pataz sean tratadas de manera articulada por los tres niveles de gobierno”.

Por otro lado, en general, esta actividad ilícita genera grandes pérdidas al Perú. Dante Vera Miller, gerente general de V&C Analistas, afirma que la minería ilegal e informal ha experimentado un alarmante crecimiento que abarca a todas las regiones del país, ocasionando la degradación de ecosistemas y provocando serios conflictos sociales, ambientales y económicos.

En una anterior entrevista con Infobae Perú, Víctor Gobitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, sostuvo que más de un millón de onzas de oro se producen de manera ilegal, lo que equivale a más de 1.000 millones de dólares.

“Como es intensivo en mano de obra, se estima (que involucra a) 500 mil personas. Si el problema fue originado hace más de 20 años, durante el proceso de regionalización, creo que tomamos una decisión errada de transferirles las capacidades a los gobiernos regionales de supervisar la actividad artesanal y de pequeñas minerías, y ahí se ha perdido el control”, señaló a este medio.