Otra designación cuestionable. El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, nombró como jefe de Área la Oficina Defensorial de Huánuco a Marco Octavio Durand Rocca, quien en 2018 compartió lista con el actual titular de la Defensoría cuando este último buscó sin éxito ser gobernador regional del departamento en mención.
“Artículo Primero: DESIGNAR al señor Marco Octavio DURAND ROCCA en el cargo de confianza de Jefe de Área de la Oficina Defensorial de Huánuco de la Defensoría del Pueblo, correspondiente al cargo CAP-P N° 451, con Nivel y Categoría D-6, a partir del 15 de enero de 2024″, se lee en la resolución defensorial suscrita por Gutiérrez.
Según se desprende del referido documento, la contratación fue requerida por la primera adjunta encargada Rina Karen Rodríguez Luján, quien también fue designada por Gutiérrez.
De acuerdo con el portal de Transparencia de la institución, un jefe de Área de una Oficina Defensorial gana más de 13 mil soles al mes.
La fallida candidatura al GORE Huánuco
Tras su paso por el Congreso y el Partido Nacionalista, Josué Gutiérrez se unió a las filas de Solidaridad Nacional (hoy Renovación Popular) y postuló a gobernador regional de Huánuco.
Entre los candidatos a consejeros regionales estaba el abogado Marco Octavio Durand Rocca, quien candidateaba por la provincia de Huánuco.
No obstante, la suerte no les sonrió a Gutiérrez y a Durand. La fórmula de Solidaridad Nacional obtuvo 19,634 votos, número que los posicionó en el sétimo lugar. El primer puesto lo obtuvo la Avanzada Regional Independiente Unidos por Huánuco, con 60,390 votos.
Más nombramientos cuestionados
La Contraloría identificó un proceso de selección con irregularidades para un cargo de confianza dentro de la Defensoría del Pueblo, liderado por Josué Gutiérrez Cóndor, que involucra la contratación de Karina Yomar Pérez Salazar sin la experiencia requerida. El informe N° 019-2023-2-0680-SCE detalla las irregularidades cometidas por José Flores Centurión, jefe del área de Remuneraciones, para favorecer la contratación de Pérez Salazar como Jefa de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano.
El documento evidencia que Flores Centurión evitó rendir cuentas a sus superiores e informó directamente a Gutiérrez Cóndor, pasando por alto objeciones de otros funcionarios.
Las irregularidades quedaron manifestadas en las declaraciones de dos exfuncionarios: Luz Irene Carhuavilca García, quien alertó sobre la falta de experiencia de Pérez Salazar, y Mario Alexander Atarama Cordero, exjefe de Asesoría Jurídica, quien señaló la no conformidad de Pérez con el perfil legal del puesto. Atarama manifestó que incluso le detalló a Flores Centurión que la capacitación presentada por Pérez no era suficiente para el puesto que se pretendía ocupar.
El informe de Contraloría evidencia también las consecuencias de las objeciones planteadas por Atarama Cordero. Este refirió haber sido confrontado directamente por Karina Pérez, a la cual le indicó que no era su deber explicar las razones jurídicas de su negativa, pero sí velar por la legalidad en el proceso de contratación, tras lo cual Pérez buscó conversar con Flores Centurión. La Contraloría General de la República ha señalado a Flores Centurión como el responsable principal de estas acciones, que han sido categorizadas como “presunta irregularidad”.