Javier González Olaechea evita opinar de comisión del Congreso que buscaría sacar al Perú del sistema internacional de DD. HH.

El canciller Javier González Olaechea evitó pronunciarse sobre la reciente aprobación de un dictamen en la Comisión de Constitución del Congreso, donde se creará un grupo especial que brinde recomendaciones de cómo mejorar el sistema internacional de derechos humanos cuando, en realidad, sería una excusa para tratar de alejar al Perú de esta entidad supranacional.

“Respetamos las decisiones del Poder Legislativo y en su momento el Poder Ejecutivo tendrá que opinar, si así lo desea, dentro de la mecánica de relaciones con el Legislativo. Yo no puedo adelantar una opinión, que será una opinión del Gobierno”, dijo en declaraciones a RPP Noticias. Sin embargo, el titular de Torre Tagle brindó una pequeña apreciación sobre la propuesta.

“Le ha dado una primera lectura al anteproyecto y no he encontrado una motivación”, anotó González Olaechea respecto a si existía un trasfondo de la comisión de alto nivel que nació en medio de varios pedidos de parlamentarios para que el país salga de la Convención Americana de Derechos Humanos o también conocida como el Pacto de San José.

Por cierto, la reacción del canciller no sorprende tampoco si tomamos en cuenta sus columnas de opinión publicadas en el diario El Comercio. Una es la del 23 de setiembre del año pasado cuyo titular es ‘Reformar o denunciar la CIDH’, esto en relación al informe que sacó por las muertes ocurridas durante las protestas antigubernamentales contra Dina Boluarte entre diciembre del 2022 y enero del 2023.

“Los países que adherimos al Pacto de San José hemos sido incapaces de subsanar los enormes vicios y pareciera hoy un imposible fáctico hacerlo por cuanto la promoción y defensa de los derechos humanos jamás se garantizan mediante su violación. Resultando indispensable erradicar el direccionamiento ideológico, toca emprender uno de dos caminos: o se batalla desde dentro para erradicar sus múltiples males –incluidas auditorías contables y de cumplimiento de normas éticas– o se denuncia el tratado”, escribió.

Para llegar a esa conclusión, el nuevo titular de Torre Tagle no tuvo reparo para cuestionar la falta de “imparcialidad” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “La comisión y la corte frecuentemente persiguen a quienes defienden la democracia y el orden público, y premian a quienes los violan, terroristas o no”, criticó.

La comisión de alto nivel resultó siendo aprobada con 12 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones.

Según el dictamen aprobado hace unas semanas en el Parlamento, y que agrupa al menos cinco iniciativas legislativas, este grupo tendrá como integrantes al actual canciller, el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, el defensor del Pueblo y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Este órgano compuesto por las citadas altas autoridades tendrán como tarea realizar un diagnóstico inicial sobre la problemática del sistema interamericano de derechos humanos.

Además, realizar reformas a los instrumentos que la integran como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los reglamentos y los estatutos de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respectivamente.

De otro lado, tendrán que establecer mecanismos como “la elección, en sede interna, de los candidatos que en Perú se propone para conformar la CIDH”. Luego de realizar estas labores tendrá que elaborar un informe final en un plazo de 90 días calendario que deberá ser elevado al Ejecutivo.

En ese contexto, el Gobierno de Dina Boluarte podría verse comprometido y condicionado a tomar las acciones que son recomendadas por la comisión de alto nivel.

“La Presidencia de la República, en un plazo no mayor de 30 días contados a partir de la recepción del informe final mencionado, informa al Congreso las acciones adoptadas por el Estado en mérito del contenido”, dicta el informe.