Países socios alertan del riesgo ambiental por cambios en la Ley Forestal peruana

Las embajadas de Noruega, Inglaterra, Canadá y Alemania en Perú han emitido un pronunciamiento en el que expresan su inquietud ante las recientes modificaciones a la Ley Forestal por parte del Congreso de la República, que, según señalan, podría perjudicar la preservación de la Amazonía y promover actividades delictivas en territorios indígenas. Estas embajadas son parte de la Declaración Conjunta de Intención con Perú, comprometiéndose a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y contrarrestar la deforestación.

El cambio legislativo, referido como Ley Antiforestal, se critica por su potencial impacto negativo en los esfuerzos de preservación medioambiental y su agresión hacia los defensores ambientales Indígenas. Estas modificaciones podrían facilitar la invasión de economías ilegales en territorios protegidos, lo que no solamente dañaría sectores clave de la selva, sino que también pondría en peligro a las comunidades y familias indígenas que defienden estas áreas.

Además, existe la preocupación de que no se estén llevando adecuadamente las investigaciones pertinentes por parte del Gobierno y que se esté legalizando lo que hasta ahora ha sido ilegal, poniendo en riesgo tanto la sostenibilidad del medio ambiente como los derechos humanos de comunidades locales

“Como socios del Perú en la Declaración Conjunta de Intención de cooperación para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero debido a la deforestación y degradación forestal, junto con otros países cooperantes, expresamos lo siguiente respecto a la Ley Forestal”, afirmó la embajada británica en Perú, alineándose con la postura de las otras representaciones diplomáticas y subrayando la importancia de mantener firmes las medidas contra el cambio climático y la deforestación en el país sudamericano.

El Perú tiene un compromiso firmado con la lucha contra la deforestación mediante la implementación de la Declaración Conjunta de Intención (DCI), suscrita con Noruega y Alemania en 2014. Esta cooperación internacional se realizó orientada a la preservación de los ecosistemas forestales a nivel nacional y regional.

A lo largo de estos años, el acuerdo ha generado una plataforma colaborativa para el diseño e implementación de políticas publicas dirigidas a la reducción de los gases de efecto invernadero (GEI) que resultan del proceso de degradación forestal. El rol de Noruega y Alemania ha sido crucial en proporcionar apoyo técnico y financiero para alcanzar las metas propuestas en la DCI.

A medida que Perú logre los objetivos delineados en la DCI, se beneficiará de acceso a fondos y soporte técnico internacional para potenciar la sostenibilidad forestal.

El acuerdo se desglosa en tres fases: 1) Preparación, con el diseño de políticas; 2) Transformación, centrada en su implementación y ajuste; y 3) Contribución por reducción verificada, donde se mide el éxito de las acciones

La DCI implica una labor coordinada entre diversas entidades estatales, gobiernos regionales, y el apoyo de organizaciones indígenas y la sociedad civil. Este acuerdo se enmarca en los esfuerzos nacionales por contrarrestar los efectos nocivos del cambio climático y promover una gestión eficiente de los recursos naturales

El acuerdo entre las tres naciones es parte de una respuesta global más amplia para abordar la crisis climática y recalca la importancia de la cooperación internacional en la gestión de los recursos naturales y la protección del medio ambiente. A medida que avanza la agenda climática internacional, la experiencia del Perú con la DCI servirá como un caso de estudio relevante para futuras acciones climáticas y de conservación ambiental en el continente y el mundo.

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, sostuvo que el Gobierno de Perú usará “mecanismos constitucionales para poner en debate nuevamente” las modificaciones a la ley forestal y de fauna silvestre, que fueron promovidas por el congreso de la República.

La defensora ambiental Angela Pautrat Oyarzun presentó una denuncia constitucional contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto, y el segundo vicepresidente de la Mesa Directiva, Waldemar Cerrón, por haber ordenado promulgar la denominada Ley Antiforestal.

Pautrat imputa a ambos legisladores la presunta comisión del delito ambiental en la modalidad de responsabilidad funcional por el otorgamiento ilegal de derechos. Admisibilidad de la denuncia constitucional deberá ser analizada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que preside Lady Camones.