Aun no existen planes de rehabilitación aprobados, ni un estudio conciso del daño ambiental causado por la empresa Repsol hace ya dos años, tras el derrame de petróleo en la zona del mar de Ventanilla (al norte de Lima), aseguró esta semana la presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos del Congreso, Ruth Luque (Cambio Democrático - Juntos por el Perú).
El revelador informe, presentado por la parlamentaria durante un foro realizado por las organizaciones Perú Equidad, FIDH, EarthRights International y Cooperacción, revela una cruda realidad tras la catástrofe ambiental más grande ocurrida en el litoral de la costa peruana.
“A dos años de la catástrofe ambiental, continúa pendiente la rehabilitación de los sitios afectados, la reactivación económica en la zona afectada y la compensación justa a la población directamente afectada. Se debe plantear una reforma de la normativa vigente sobre emergencia ambiental y responsabilidad por daño ambiental para garantizar que las medidas de compensación económica, de remediación y reparación sean efectivas”, afirmó la congresista Luque en el mencionado foro.
Zonas afectadas por Repsol
En las conclusiones del informe se detalla que aún existen 71 formaciones costeras, 2 áreas naturales protegidas, 6 islas/islotes y 2 zonas submareales afectadas. Además, aun no se cuenta con planes de rehabilitación aprobados o en estado de implementación. La congresista Luque también reveló que no se tiene un estudio de identificación y valoración del daño ambiental.
Para la parlamentaria, un aspecto se suma preocupación “es la subsistencia económica de la población afectada, ya que aún se encuentran suspendidas actividades económicas como la pesca, el turismo, el transporte, el comercio formal y ambulatorio”.
Ante ello, las asociaciones y organizaciones de afectados exigieron a los responsables y a las autoridades peruanas la ampliación del Padrón Único de Afectados, ya que los criterios usados para la identificación y el registro de las personas afectadas no se ajustan a la realidad de la población.
Según detallan, este pedido ha sido elevado a remitido a las principales autoridades del Estado y de la empresa Repsol.
Las conclusiones del estudio de la Comisión de Pueblos Andinos recogen información brindada en las sesiones por los representantes de asociaciones de afectados y organizaciones sociales de los distritos de Santa Rosa, Ancón, Aucallama y Chancay.
Asimismo, de especialistas de la Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Defensa, Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente, OEFA, Ministerio de la Producción, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Instituto del Mar Peruano y el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera.
A dos años del desastre
Elo pasado lunes se cumplieron dos años del accidente en La Pampilla. El 15 de enero de 2022, cerca de 12.000 barriles de crudo se vertieron en la costa del norte de Lima tras un accidente en el terminal multiboyas número 2, cuyo responsable directo es la empresa Repsol. Sin embargo, transcurrido ese tiempo y con las escasas -o nulas- muestras de reparación en el mar de Grau, la empresa afirmó que las playas afectadas “están aptas para su uso y disfrute”.
En palabras de Repsol, estos espacios cuentan con los estándares de calidad ambiental tanto nacionales, como internacionales. Además, sostuvo que el 98 % de los afectados ya ha cobrado compensaciones; lo que significa que son más de 10 mil personas los que han recibido ayuda económica por parte de la empresa.
Sin embargo, el Estado aclaro en diciembre que aún no hay evidencias concluyentes que permitan señalar que la zona afectada esté libre de petróleo, lo que significa que no existen condiciones normales para la pesca artesanal. Por si fuera poco, 25 playas dedicadas a la recreación “se encuentran aún en condición de afectadas”.
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