Congreso evaluará constitucionalidad de decreto formulado por el Ejecutivo: ¿de cuál se trata y por qué?

Un nuevo cuestionamiento contra las medidas impulsadas por el gobierno de Dina Boluarte. La Subcomisión de Control Político del Congreso, que preside Patricia Juárez (Fuerza Popular), analizará la próxima semana la constitucionalidad y legalidad del Decreto Legislativo 1607, el cual modifica la Ley contra el crimen organizado (Ley 3007) y dispone medidas contra la formalización de los llamados mineros artesanales.

Ello, a partir de un oficio enviado por el vocero de la bancada de Alianza para el Progreso, Eduardo Salhuana, el cual advierte que, si bien se otorgaron facultades legislativas, el Poder Ejecutivo lo hizo sobre materia expresamente prohibida por el literal C de la Ley 31880, dado que solo están habilitados para legislar en relación con Seguridad Ciudadana, Gestión del Riesgo de Desastres - Niño Global, Infraestructura Social, Calidad de Proyectos y Meritocracia.

“Como miembro integrante de la Sub Comisión de Control Político de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, traslado para conocimiento y fines, un informe elaborado por mi Despacho respecto a las implicancias del Decreto Legislativo 1607, publicado en el Diario Oficial El Peruano en fecha 21 de diciembre del 2023, en cuanto a las facultades otorgadas para legislar en materia de pequeña minería y minería artesanal”, menciona el documento.

Entre las recomendaciones, se solicita impulsar una mesa de trabajo con la participación del Ministerio del Interior, Ministerio de Energía y Minas, y los actores del sector, a fin de conocer “los lineamientos que generaron la emisión de la primera disposición complementaria de la norma en mención”.

Asimismo, se recomienda que el Minem cumpla con la formulación de la nueva Ley de la Pequeña minería y Minería Artesanal y se remita un informe a la Comisión de Energía del Congreso sobre el avance del proceso de formalización y el impacto del decreto sobre el proceso de formalización minera.

Una de las medias del decreto es incorporar acciones para prevenir la tenencia ilegal de artefactos o materiales explosivos en actividades mineras. Además, plantea que las personas naturales o jurídicas inscritas en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) tienen un plazo máximo de 90 días calendario para presentar el contrato de explotación o de cesión, debidamente inscritos en los registros públicos.

“Las personas que incumplan lo dispuesto en el presente párrafo, dejan de formar parte del Reinfo de forma automática (…) las personas naturales o jurídicas con inscripción suspendida en el Reinfo por más de un año, tienen un plazo máximo de 90 días calendario para el levantamiento de dicha suspensión, conforme al artículo 4º del Decreto Supremo Nº 009-2021-EM”, se detalla en el documento sufragado por la presidenta Dina Boluarte y el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera.

Al respecto, conocimos que la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) iniciará una protesta este lunes 22 de enero en contra del referido decreto y tiene previsto llegar al Legislativo para conversar con congresistas a favor de la salida del titular del Minem.

Fuentes de Infobae Perú indicaron que el portavoz del grupo parlamentario de César Acuña evalúa presentar una moción de interpelación contra el ministro Vera, quien también es cuestionado por estar a favor de un préstamo de S/ 2.250 millones solicitados por Petroperú, pese a que el titular del Ministerio de Economía estaba en contra.

El último pliego interpelatorio por el que el ministro de Energía y Minas acudió al Congreso a responder constó de 56 preguntas sobre la contaminación de las cuencas de los ríos Llallimayo (provincia de Melgar) y Jatun Ayllu y Chacapalca (provincia de Lampa) en Puno.