Este último viernes 19 de enero finalizó el estado de emergencia decretado por el gobierno de Dina Boluarte para los distritos de San Juan de Lurigancho (SJL) y San Martín de Porres (SMP). La medida de 60 días, que entró en vigencia el 20 de setiembre, había sido extendida a 120 con el objetivo de reducir la criminalidad en ambas comunas.
La medida que prometía una mayor presencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) en apoyo de las Fuerzas Armadas (FF.AA) no ha sido cumplida como tal. Según las quejas de los residentes de ambos distritos de la capital, hubo en ciertas zonas recurridas algunos efectivos policiales, pero militares casi ninguno o ninguno.
La pregunta “¿funcionó el estado de emergencia?” ha comenzado a replicarse en los medios de comunicación para conocer los resultados de esta declaratoria que parece no ser clara para algunos municipios, pero que concuerdan en pedir (aunque no de manera formal y documentada, como debería de ser) una extensión de la medida.
Centrándonos únicamente en las cifras aproximadas que ha dejado los asesinatos por encargo— delito considerado el último eslabón de las extorsiones —suscitados en los 120 días del estado de emergencia, damos cuenta que SJL registró al menos 51 víctimas de homicidio en dicho periodo, según estimaciones de El Comercio.
Cabe recordar que el año pasado se conoció que en esta comuna, solo entre enero y octubre se habían suscitado 91 homicidios. Si promediamos esta cifra, tendríamos como resultado un aproximado de 36 asesinatos en 120 días sin estado de emergencia.
En San Martín de Porres se ha registrado 22 muertes violentas en el periodo de la declaratoria de emergencia. Sumando dicha cifra con los 51 fallecidos en SJL, se ha contabilizado al menos que 73 personas murieron por sicariato en ambas comunas.
Por su parte, el comandante general de la PNP, Jorge Angulo Tejada, ha señalado que no es necesario extender la medida, ya que su institución evalúa diariamiente “el comportamiento criminal a nivel nacional. Además, manejamos cifras y estadísticas para realizar un diagnóstico oportuno”.
La población de ambas jurisdicciones esperan saber cuál será el siguiente movimiento del gobierno de Boluarte. ¿Extenderán la medida?, y si no la extienden ¿cuál será el plan para a cesar la brutalidad de las mafias criminales que siguen asesinando, robando, extorsionando y prostituyendo a víctimas de trata de personas en los distritos?
Por el momento, el alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, ha señalado que ha conversado con el ministro Víctor Torres para pedirle que se amplíe la medida por otros 60 días más el estado de emergencia. De acuerdo a la señalado por Maldonado, con la declaratoria, el distrito pasó de tener uno a cinco grupos de inteligencia y con ello, un promedio de 300 bandas criminales fueron desarticuladas.
Hernán Sifuentes, alcalde de San Martín de Porres, aunque ha indicado que los resultados no han sido los esperados, rescata que la medida ha potenciado un poco más el trabajo de la PNP. Sostiene que la criminalidad no se puede combatir en tres meses y sugiere que el Gobierno central proponga un plan integral si es que pretenden no ampliar la declaratoria.
“Si nos dejan sin estado de emergencia y ya no hay la restricción de las facultades que le permite a la Policía, deben dotar de mayor cantidad de efectivos policiales, ¿no?”, refirió a una entrevista de Exitosa.
Cabe mencionar que, un informe realizado por Perú21 con datos otorgados por la Policía, data que entre el 20 de septiembre y el 8 de enero, en ambos distritos se ha reportado 3,177 detenidos por diversos delitos —463 con requisitoria—, 213 bandas criminales desarticuladas, 101 armas de fuego incautadas, al igual que 2 granadas de guerra, 559 celulares y 57.52 kilogramos de droga, y 84 vehículos recuperados.
Un aspecto que resalta en el informe es la ausencia de datos sobre la cantidad de homicidios cometidos por organizaciones criminales que la Policía ha preferido no brindarle a dicho medio.
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