La Libertad: clausuran clínicas que vendían certificados médicos sin evaluación

Las autoridades del Gobierno Regional de La Libertad tomaron cartas en el asunto frente a prácticas médicas indebidas, con la clausura de dos clínicas bajo gestiones de la Gerencia Regional de Salud. En una jugada decisiva para salvaguardar la integridad y salud de los pacientes, dichos centros fueron cerrados por ostentar certificados médicos sin la evaluación correspondiente.

Esta ejecución fue encabeza por el gerente regional de Salud, Aníbal Morillo, y su equipo técnico, quienes pusieron en jaque a los establecimientos médicos Cristo Rey (Chao) y Policlínico del Norte RC SAC (Virú distrito), lo que el incumplimiento de normativas sanitarias.

Entre las evidencias recolectadas figuraban alrededor de 40 certificados médicos previamente firmados, un hallazgo en la clínica Cristo Rey que ahora enfrentará consecuencias legales. Estos cuestionamientos de conducta profesional ya circulan en los ámbitos judiciales adecuados, incluyendo la Fiscalía, Procuraduría y el Colegio Médico. Se espera que estos organismos determinen sanciones pertinentes, que podrían resultar en suspensiones de hasta cinco años para los médicos implicados.

Morillo, con la evidencia en mano, anticipa un proceso complejo para la reactivación de los negocios clausurados. Incluso, durante la inspección realizada en el centro médico Cristo Rey, se registró un incidente que pone de manifiesto ciertas irregularidades: una mujer arribó solicitando un certificado médico por una presunta faringitis aguda, justamente en el momento en que se llevaba a cabo el procedimiento de revisión.

De la misma forma, la autoridad competente apeló a la conciencia cívica de la ciudadanía, por lo que instó a que se presenten denuncias ante cualquier sospecha de conductas irregulares. Subrayó la postura firme de no tolerar acciones que comprometan la salud pública ni que se permita obtener beneficios económicos a través de prácticas indebidas.

En virtud de lo establecido por el Código Penal, el artículo 427º penaliza con contundencia a quien fabrique o altere un documento, ya sea público o privado, con la intención de que este sea utilizado para acreditar un hecho, generar derechos u obligaciones, y de cuyo uso se derive algún daño.

La sanción asignada por este ilícito es severa: para el caso de documentos públicos, registros, títulos auténticos y demás que sean transmisibles, se impone una pena de cárcel que varía desde un mínimo de dos hasta un máximo de 10 años. Además, se establece una multa correspondiente a treinta hasta noventa días-multa.

Por otro lado, si el documento envuelto en la falsedad fuese de índole privada, la sanción comprende una pena privativa de libertad que oscila entre dos a cuatro años, y se adiciona una multa de ciento ochenta a trescientos 65 días-multa.

De la misma forma, de acuerdo con el artículo, el uso malintencionado de un documento falso como si fuera auténtico y que potencialmente cause perjuicio, acarrea penalizaciones equivalentes, evidenciando la rigurosidad con la que el sistema jurídico enfrenta estos delitos contra la fe pública.

Tras recientes deliberaciones del Consejo de Ministros, el Ministro de Salud, César Vásquez, anunció que la duración del tiempo de descanso ahora dependerá del criterio médico tras evaluación del paciente. Personas con síntomas leves podrán continuar trabajando, por lo que usarán mascarillas obligatoriamente. A nivel internacional, es común que trabajadores con COVID-19 continúen sus labores con medidas preventivas; en ciertos casos, se sugiere el teletrabajo.

• Dolor de cabeza
• Dolor de garganta
• Rinorrea (sensación de congestión en la nariz)
• Fiebre que no llega a los 38º