La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el informe final de la denuncia constitucional contra el expremier Aníbal Torres que recomienda inhabilitarlo 10 años de la función pública por presunta infracción a la carta magna.
Fueron 13 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones. En este caso, se le atribuye presunta infracción constitucional a Torres por supuestamente azuzar públicamente a la población a movilizarse en contra de “los golpistas”, la “derecha” y el Congreso.
Ahora, el informe final será elevado a la Comisión Permanente. Luego, de ser aprobada en esta última instancia, pasará al Pleno del Congreso.
El documento fue elaborado por la fujimorista Martha Moyano, quien concluye que “sí existe menoscabo y afectación a los contenidos normativos de dichos preceptos constitucionales” en las declaraciones del exjefe del gabinete.
El parlamentario Edgar Reymundo (Juntos por el Perú-Cambio Democrático) criticó el informe final y calificó la propuesta de inhabilitación como una “persecución política” contra Aníbal Torres. “Es insostenible (decir) que una declaración pueda ser infracción constitucional. (...) Es una exageración pedir una inhabilitación de 10 años”, reclamó.
A su turno, el legislador José María Balcázar (Perú Bicentenario) aseguró que los actos parlamentarios deben regirse conforme a la Constitución y a los derechos humanos: “No podemos dejarnos llevar por la pasión política para pretender al opositor llevarlo a un enjuiciamiento constitucional”.
En esa misma línea, Balcázar consideró que el informe final “debería merituarse bien” y advirtió que su aprobación “va a causar más deterioros al grupo que promueve eso (Fuerza Popular) que a Aníbal Torres”. Señaló que constantemente discrepaba de la forma en la que Aníbal Torres manejaba la PCM, “pero eso no significa que vaya a apoyar una acusación constitucional”.
Finalmente, Francis Paredes (Podemos) alertó que el informe final de Martha Moyano va en contra del derecho a la libertad de expresión.
Moyano, en respuesta a las críticas de los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, negó una persecución política en perjuicio de Aníbal Torres. Indicó que no considera a sus rivales políticos como “enemigos”, sino como “adversarios”.
¿Qué dice el informe final contra Aníbal Torres?
La congresista Martha Moyano, autora del informe final, considera que Torres ha afectado normas de la Constitución, específicamente los artículos 38, 45 y 125. Aníbal Torres, en su defensa, manifestó que no hay antecedentes de que alguien sea acusado por criticar a sectores de derecha, pero su argumento no fue aceptado por la fujimorista.
“Los actos y expresiones del señor expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vásquez, vertidos fundamentalmente en los denominados Consejos de Ministros Descentralizados, así como en entrevistas en medios de comunicación, sí constituyen conductas que infraccionan los artículos constitucionales mencionados”, reitera Moyano.
Además, pesa sobre el expremier una segunda denuncia relacionada con la interpretación de una cuestión de confianza, que involucra también al expresidente Pedro Castillo y otros exministros, entre ellos la actual mandataria Dina Boluarte.
En paralelo a la denuncia constitucional, la Fiscalía de la Nación ha solicitado al Poder Judicial una pena de 15 años de prisión para Aníbal Torres por el presunto delito de rebelión, vinculado con el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
A pesar de que se pidió prisión preventiva por 18 meses, el Poder Judicial dispuso para Torres comparecencia con restricciones. En el caso de Pedro Castillo y Betssy Chávez, implicados también en los hechos de diciembre, se solicitan penas de 34 y 25 años de cárcel respectivamente.
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