El borrador del protocolo de eutanasia aislado para la activista Ana Estrada, quien lucha desde hace años por una muerte digna ante la enfermedad degenerativa e incurable que padece, ya se encuentra listo, pero el Seguro Social (EsSalud), encargado de elaborarlo, todavía no notifica sus respuestas a las observaciones que la psicóloga realizó al documento.
“Según el expediente, ya entregaron un documento con las absoluciones, pero hasta ahora no nos notifican formalmente”, dijo a Infobae Perú la abogada Josefina Miró Quesada, defensa legal de Estrada. En febrero de 2023, el Séptimo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó a EsSalud y al Ministerio de Salud diseñar y ejecutar un plan y protocolo que haga viable su derecho a la muerte digna.
Sin embargo, seis meses después, la activista denunció que el dictamen se había incumplido. “Demoró en formar las comisiones y elaborar los documentos necesarios [...] A pesar de las multas que le impuso la jueza de ejecución, sigue incumpliendo sus órdenes”, escribió en la plataforma de peticiones Change.org.
En ese mismo mensaje, invocó la intervención del Poder Judicial para que reitere al Seguro “su obligación” de brindarle acceso al contenido del protocolo, con lo cual quedaría garantizado que el texto “no entorpecería” su conquista, que ha dado un nuevo paso, aunque igual de aletargado.
De acuerdo con Miró Quesada, una vez que EsSalud envíe oficialmente sus absoluciones —y su patrocinada confirme que haya resuelto “conforme a su voluntad”—, el protocolo estará expedito para el momento en que Estrada desee acceder a su eutanasia, algo que “solo a ella le atañe resolver”.
La activista, en rigor, ha invocado que sea un médico de confianza ―y de su elección— quien le aplique ese procedimiento irreversible, además de otras observaciones “de aclaración”. La defensa aguarda las respuestas de EsSalud y confía en que respetará el deseo de su defendida, diagnosticada desde los 12 años con poliomistiosis, un mal que provoca debilidad muscular progresiva y que la obligó a estar en cama al comprometer sus órganos respiratorios.
La eutanasia no está permitida en Perú —a diferencia de Colombia, España o Suiza— y se castiga hasta con tres años de cárcel a quien ayude a morir a otro que lo solicite. Sin embargo, en el caso de Estrada, la Corte Superior dispuso en 2021 una excepción para que se “inaplique” el artículo 112 del Código Penal, que prohíbe la muerte asistida. Tras esta decisión histórica, ni el Gobierno peruano ni EsSalud apelaron la sentencia.
Con su caso, Perú devino en el segundo país a nivel latinoamericano en reconocer judicialmente el derecho a morir dignamente y autorizar la eutanasia para garantizarlo, al igual que Colombia en 1997.
Seis años antes de ese hito, permaneció un largo período en una unidad de cuidados intensivos (UCI) —postrada, respirando por la tráquea y “con un cuerpo que no reconocía”—, por lo que se identifica mucho con la lucha feminista y su objetivo de conseguir la libertad y elección sobre los propios cuerpos, según dijo en una entrevista concedida a la agencia EFE en 2022.
Tras esta etapa oscura, unos años investigando sobre sus opciones y ver que no había grandes soluciones para su enfermedad, Estrada abrió en 2019 un blog para expresarse, pero no con el fin de conseguir nada ni de convertirse en el símbolo en que ha devenido.
“Mi recorrido por el activismo ha sido mucho más positivo que negativo, cuando empecé creía que todo sería indiferencia o ataques y dije, bueno, no pasa nada, pero no, al final ha sido el camino lo que paradójicamente me ha llevado a valorar mucho más la vida y eso es algo que difícilmente la gente que esté en contra lo comprenda”, dijo.
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