La Fiscalía de la Nación de Perú archivó la investigación contra tres miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Imelda Tumialán, Antonio de la Haza y María Zavala, al no hallar evidencia de la comisión de patrocinio ilegal a favor de la ex fiscal Zoraida Ávalos.
El caso investigado señalaba que Tumialán, de la Haza y Zavala habrían ejercido presión sobre el presidente del Poder Judicial (PJ) para que se pronunciara en apoyo de Zoraida Ávalos, en medio de un proceso de inhabilitación en su contra por parte del Congreso.
Sin embargo, ante la ausencia de pruebas contundentes, el ente acusador decidió no continuar con el proceso, y cerrarlo, pues concluyó que no existía dichas presiones, por parte de los miembros de la Junta Nacional de Justicia al PJ.
De esta manera, la indagación preliminar iniciada en julio de 2023, acusando a los jueces integrantes de la JNJ de ejercer presión sobre Javier Arévalo, presidente del Poder Judicial para generar un pronunciamiento en pro de Ávalos, no prosperará debido a la falta de indicios criminales.
Ávalos, quien sí llegó a ser inhabilitada por cinco años de sus funciones por el Congreso, fue acusada por los presuntos delitos de “omisión, rehusamiento o demora de actos” en la investigación del expresidente Pedro Castillo, actualmente recluido en el penal Barbadillo por dictado de prisión preventiva
La labor investigativa culminó con interrogatorios el 25 de octubre del 2023 realizados por Leopoldo Orlando Lara Vásquez y Edwin Núñez Cancino, del Ministerio Público. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, asumió la responsabilidad de estas indagaciones debido al alto rango de los funcionarios implicados.
El origen de la denuncia se sitúa en julio del 2023, cuando la congresista Patricia Chirinos de Avanza País acusó a Zoraida Ávalos de no perseguir al expresidente Pedro Castillo por corrupción. Esta denuncia derivó en la descalificación de Ávalos por el Congreso. Ante estos hechos, los magistrados Zavala, Tumialán y De la Haza mostraron su desacuerdo, ante lo cual la parlamentaria presentó una denuncia constitucional el 9 de julio acusándolos de intentar influenciar al Poder Judicial contra la decisión del Congreso.
¿Qué es el delito de patrocinio ilegal?
El delito de patrocinio ilegal en Perú se refiere a la conducta de un funcionario o servidor público que, aprovechando su cargo, interviene en favor o en contra de alguna de las partes interesadas en un procedimiento administrativo o asunto judicial, y se configura cuando este acto se realiza con la intención de obtener un beneficio para sí mismo o para terceros.
Este delito está tipificado en el Código Penal del país y se considera una forma de corrupción, ya que vulnera la transparencia y la ética que deben regir en la función pública. La sanción para quienes incurran en este tipo de infracciones puede incluir penas de cárcel y multas, dependiendo de la gravedad del acto y del daño causado. La legislación peruana busca a través de estos mecanismos asegurar la imparcialidad y la justicia en los procedimientos administrativos y judiciales, y evitar que intereses particulares influyan de manera indebida en las decisiones de los funcionarios públicos.
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