El Ministerio Público del Perú condenó “enfáticamente” este miércoles el asesinato del fiscal ecuatoriano César Suárez, quien investigaba el asalto armado a un canal de televisión en Guayaquil. A través de un comunicado, el despacho del fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, expresó “su solidaridad” con el país vecino “frente a los hechos de violencia que viene atravesando”.
Se trata del primer pronunciamiento de la comunidad internacional luego de que el magistrado fuera perseguido por desconocidos al salir de las dependencias de la Fiscalía, quienes lo acribillaron dentro del automóvil en el que se movilizaba por un sector del norte de la portuaria ciudad.
Suárez, quien seguía pesquisas relacionadas con narcotráfico, terrorismo y delincuencia organizada, no contaba con resguado policial cuando fue impactado unas veinte veces, pese a que acababa de interrogar a los 13 detenidos por irrumpir en directo en el programa de televisión.
Entre los casos más sonados investigaba presuntas compras y contratos irregulares por cantidades millonarias para hospitales públicos bajo sospechas de haber sido firmados con sobreprecio y de haber causado un perjuicio económico al Estado. También asumió el expediente de la toma del canal TC Televisión con el interrogatorio a los implicados, entre ellos dos menores de edad.
Según una reseña de El País, era conocido por ser implacable, incorruptible y un aliado de los periodistas de investigación, a quienes menudo daba pistas que convenía seguir.
“El Ministerio Público del Perú condena enfáticamente el atentado del que fue víctima el fiscal César Suárez Pilay de la Fiscalía General del Estado de Ecuador. Asimismo, expresa su solidaridad con el pueblo ecuatoriano” frente a la espiral de violencia desatada por grupos criminales, se lee en mensaje difundido en la plataforma de X, antes Twitter.
Suárez ha pasado a engrosar la abultada lista de fiscales, jueces, agentes de prisiones y políticos, cuyas vidas han sido arrebatadas en los últimos meses en atentados atribuidos a las bandas en uno de los países más violentos del mundo, con alrededor de 45 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes en 2023.
La semana pasada, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, decretó de forma inédita la existencia de un “conflicto armado interno” contra las mafias del crimen organizado, principalmente dedicadas al narcotráfico, a las que ha catalogado como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales a ser neutralizados por las fuerzas del orden.
Al día siguiente, la presidenta Dina Boluarte lo telefoneó, le manifestó “su deseo de trabajar en defensa de la democracia” y le informó que los ministros Jorge Chávez (Defensa) y Víctor Torres (Interior) han viajado a la frontera bilateral para supervisar el refuerzo de la seguridad que ha ordenado su Gobierno.
“Quiero brindarle la solidaridad del pueblo peruano y todo nuestro respaldo en la lucha que está usted afrontando frente a este grupo delincuencial. Damos votos porque la paz y la calma retornen lo más rápido posible a la hermana República del Ecuador”, le dijo en el hilo telefónico, según un mensaje difundido por su despacho.
Junto con Boluarte, otros líderes de la región que expresaron su rechazo a la violencia ejercida por grupos criminales en Ecuador fueron el colombiano Gustavo Petro, el mexicano Andrés Manuel López Obrador, el cubano Miguel Díaz-Canel y el salvadoreño Nayib Bukele.
El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y la portavoz de la diplomacia rusa, María Zajárova, también condenaron los métodos terroristas utilizados por las estructuras criminales que buscan desestabilizar la política interna en la nación latinoamericana.
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