El informe final de la denuncia constitucional contra el expremier de Pedro Castillo, Aníbal Torres, propone acusarlo por infracción a la Constitución e inhabilitarlo 10 años de la función pública por supuestamente azuzar a la población en contra del Congreso.
“Proponemos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 100 de la Constitución Política del Perú, se IMPONGA LA SANCIÓN DE INHABILITACIÓN POR DIEZ AÑOS para el ejercicio de la función pública, al expresidente del Consejo de Ministros, señor Aníbal Torres Vásquez”, se lee en el documento al que accedió Infobae Perú.
El referido informe final, elaborado por la fujimorista Martha Moyano, será debatido y votado este viernes 19 de enero en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.
“Esta delegatura considera que sí existe menoscabo y afectación a los contenidos normativos de dichos preceptos constitucionales (artículos 38, 45 y 125 de la Constitución)”, concluyó Moyano.
Esta denuncia constitucional fue formulada por el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, a raíz de diversas declaraciones de Aníbal Torres donde pide a la ciudadanía movilizarse contra “la ultraderecha” y contra “los golpistas”.
“Si cada uno con esa energía que tienen, con esa capacidad que tienen, con esa voluntad para defender sus intereses, de sus hijos y de los hijos de sus hijos, que trajeran a Lima 50 personas cada uno, entonces harían arrodillar a los golpistas, los obligarían a que tengamos una Constitución que beneficie a todos los peruanos y no solamente a determinada clase, a un sector de poder económico”, dijo, por ejemplo, el expremier en una reunión con dirigentes en Palacio de Gobierno.
Para la congresista de Fuerza Popular, con esta declaración, así como otras recogidas en la denuncia constitucional, el exjefe de gabinete no cumplió con su deber constitucional de conservar el “estado de derecho democrático, que como presidente del Consejo de Ministros le correspondió defender y garantizar”.
En sus descargos, el expremier alegó que “a nadie en el mundo” se le ha acusado constitucionalmente por referirse o criticas la “conducta de los ciudadanos de la derecha o de otro sector social, sean gobernantes o gobernados”. No obstante, los argumentos de Torres no fueron recibidos por Moyano.
“Los actos y expresiones del señor expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vásquez, vertidos fundamentalmente en los denominados Consejos de Ministros Descentralizados, así como en entrevistas en medios de comunicación, sí constituyen conductas que infraccionan los artículos constitucionales mencionados”, reitera Martha Moyano en el informe final.
Otras denuncias contra Aníbal Torres
En el seno de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales hay una segunda denuncia contra Aníbal Torres por haber interpretado como negada la cuestión de confianza que fue rechazada de plano por la Mesa Directiva del Congreso, en noviembre de 2022.
Esta denuncia también alcanza al expresidente Pedro Castillo y los exministros que conformaban el gabinete en ese momento, incluida la actual jefa de Estado Dina Boluarte.
La denuncia constitucional fue admitida a trámite. Infobae Perú pudo conocer que los involucrados han presentado sus descargos. En tanto, se está a la espera de que se convoque a la audiencia respectiva.
Piden prisión para Aníbal Torres
La Fiscalía de la Nación solicitó al Poder Judicial imponer 15 años de pena privativa libertad al expremier Aníbal Torres por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
En este proceso penal, a Torres Vásquez se le atribuye la presunta comisión del delito de rebelión. Incluso, el Ministerio Público solicitó que se le dicte prisión preventiva por 18 meses. Sin embargo, el Poder Judicial rechazó este requerimiento y, en cambio, le impuso comparecencia con restricciones.
De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, el expremier, Betssy Chávez y Pedro Castillo redactaron el mensaje que este último leyó el 7 de diciembre, horas antes de que se debate en el Congreso la tercera moción de vacancia contra el exjefe de Estado.
Por el fallido intento de golpe de Estado, el Ministerio Público solicita 34 años de prisión para Castillo Terrones y 25 años para Chávez Chino.