El Poder Judicial confirmó este martes la orden de prisión preventiva contra el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, aunque reformó el plazo de 36 a 24 meses en el proceso que enfrenta por organización criminal y lavado de activos.
La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró infundado el recurso presentado por la defensa del político y ratificó la decisión adoptada por el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional en diciembre pasado, cuando varió comparecencia por prisión preliminar ante el incumplimiento de hasta cuatro reglas de conducta.
El tribunal consideró que el período de 36 meses de la medida cautelar no es razonable debido a las circunstancias del procedimiento, que desde el inició planteó “graves y fundados elementos de convicción”.
“Debido al tiempo ya transcurrido desde que se inició el proceso penal (más de un año), es de concluir fundadamente que el titular de la acción penal necesita un tiempo menor para formular su acusación y permitir que se desarrollen las demás etapas del proceso”, se lee en la resolución.
El Ministerio Público sindica a Cerrón de encabezar una presunta red criminal en su partido que tenía como fin “diversos actos de lavado de activos”. En esa organización, según la Fiscalía, también participaron funcionarios, militantes y familiares, entre otros, luego de utilizar ese dinero para financiar campañas, adquirir bienes a favor de la organización o personas ligadas a ella, así como financiar gastos de sus integrantes.
Desde la clandestinidad, el político volvió a burlarse de la justicia y cuestionó el fallo. “La orden de prisión preventiva ha sido reducida de tres a dos años, en un caso donde las ‘pruebas’ de la Fiscalía han ido desvaneciéndose”, anotó en su plataforma de X, antes Twitter.
El fugitivo aludió a unos informes de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y de la Fiscalía de Huancayo, que “concluyen no haber desbalance patrimonial”, según su versión. “Apelaremos hasta lograr justicia”, advirtió a continuación.
En octubre de 2023, Cerrón ya fue condenado a tres años y medio de prisión por un tribunal superior de apelaciones de Junín, que revisó los términos de una sentencia en primera instancia que lo había sentenciado a cuatro años de pena privativa a inicios de ese año.
En enero de 2022, cuando comenzó el juicio por este caso, la Fiscalía aseguró que el exgobernador y el representante legal del consorcio ‘Gran Aeródromo Wanka’, Luis García, suscribieron un contrato para la construcción de la terminal aérea en esa región, sin considerar el pronunciamiento de la Dirección General de Política de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas.
Aunque pasó a la clandestinidad, Cerrón sigue activo en redes sociales y no ha dejado de postear mensajes y videos sobre la coyuntura política. El Ministerio del Interior ha ofrecido una recompensa de 100 mil soles a quien brinde información sobre su paradero y la Interpol solicitó que haya una “alerta roja” a nivel internacional.
En una visita a Junín la semana pasada, la presidenta Dina Boluarte se refirió a la condición del político en un discurso donde aseguró que gobierna con las manos limpias. “No hay derecho de robarle al pueblo para que se enriquezcan algunos y luego estén allí indicando que son perseguidos políticos cuando no lo son, tienen que dar la cara a la justicia y estar donde merecen estar”, dijo.
En paralelo, agentes de la Brigada Especial contra la Criminalidad de Lima Norte y un grupo de fiscales allanaron dos inmuebles en el Callao, donde se habría escondido. “Él debería [...] ponerse a disposición, pero esa es una decisión para una persona inteligente. Debería ponerse a derecho hoy, es una buena fecha. [...] Un mínimo error tecnológico lo podría hacer caer”, dijo a Perú21 el teniente general Óscar Arriola.
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