PNP no reconoce culpa por mujer que abortó tras intervención violenta en Puno: “Se desconocía su estado de gestación”

Luego de la polémica desatada por el accionar policial contra una mujer gestante que, ante la violencia, tuvo un aborto, la Policía Nacional del Perú (PNP) emitió un comunicado en el que aseguraron que no conocían del estado de gestación y que el uso de violencia fue en respuesta a la resistencia.

Mencionaron que el hecho suscitado en la provincia de Lampa, Puno, fue el pasado 12 de enero y que se le intervino tras la denuncia por “robo agravado y lesiones interpuesta por una ciudadana con discapacidad”.

Además, que al conocer de su estado de gestación, advertida en el examen de reconocimiento médico-legal, se procedió a trasladarla de manera inmediata a un centro médico”.

“La Fiscalía Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Puno e Inspectoría General de la PNP realizan las investigaciones respectivas para determinar las responsabilidades del caso”, sentenciaron.

En el video difundido en redes sociales se ve cómo la mujer es cargada por cuatro policías en presencia de sus menores hijas, quienes gritan y se muestran asustadas. La abogada de la víctima, Yudith Enríquez, denunció que la PNP no prestó la atención inmediata. Incluso, dijo que solicitaron el traslado de la mujer hacia un hospital cuando comenzó a sentirse mal y que ello fue ignorado.

“Existen hechos precedentes; es decir, la señora y sus demás familiares han sido víctimas de un delito de usurpación en la provincia de Lampa; sin embargo, no ha habido ningún pronunciamiento por parte del Ministerio Público, tampoco se han realizado las diligencias de manera objetiva porque la investigación se realizó a puerta cerrada. […] Ella perdió a su bebé, esto es inadmisible, ha sido víctima de violencia física y psicológica por parte de sus denunciantes y más por parte de los efectivos policiales y, peor aún, una intervención del Ministerio Público totalmente parcializada con la comisaria”, declaró.

Una de las instituciones en pronunciarse previo a que el caso sea elevado a la Inspectoría de la PNP fue la Defensoría del Pueblo, la cual envió un oficio al General PNP Pedro Ortiz Casaverde, jefe de la X MACREPOL Puno, solicitando la apertura de una investigación en vía administrativa disciplinaria.

“Se busca determinar con rigor y objetividad si se actuó con razonabilidad y proporcionalidad, y que el órgano competente del Sistema Disciplinario Policial imponga sanciones conforme a los reglamentos vigentes”, señalaron.

Asimismo, la institución liderada por Josué Gutiérrez remitió un oficio al presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Puno en el que solicitó la investigación contra los agentes por los presuntos delitos de abuso de autoridad y aborto preterintencional, el cual se produce por medio de violencia.

Cabe mencionar que, de acuerdo al reglamento de la Policía, los cuatro efectivos podrían ser sancionados con su pase al retiro y se enfrentarían a una pena privativa de libertad no mayor de dos años, o a la prestación de servicio comunitario de 52 a 104 jornadas, según lo que determina el artículo 118 del Código Penal del Perú.

Al conocer el caso, la congresista Ruth Luque (Cambio Democrático-Juntos por el Perú), envió un oficio al titular del Ministerio del Interior, Víctor Torres, exigiendo la adopción de medidas drásticas contra los efectivos policiales involucrados.

“Es de conocimiento público que Yovana Cruz Solano, mujer en estado de gestión fue intervenida de modo totalmente abusivo por efectivos policiales, ante la presencia de menores de edad e incluso tras su detención se le negó el acceso a la atención médica, pese a su estado de embarazo. Dicha situación también ha sido denunciada por el Defensor del Pueblo en Puno, Jacinto Ticona quien señaló que los agentes habrían incumplido el protocolo de intervención y no respetaron los derechos de la mujer”, se lee en el documento.