La Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha citado a los tres exasesores de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para que testifiquen en el procedimiento disciplinario inmediato que entabló en su contra en diciembre pasado, cuando decidió suspenderla por seis meses.
Imelda Tumialán, miembro instructora de la JNJ, convocó para el martes 23 de enero al colaborador eficaz Jaime Villanueva y al excoordinador parlamentario Abel Hurtado, mientras que Miguel Girao, otro exconsejero de Benavides, deberá presentarse al día siguiente, también de manera remota, según la resolución difundida este miércoles por RPP.
“Conforme a las prerrogativas atribuidas por el Reglamento de Procedimientos Disciplinarios, se dispone citar a los señores [...] en condición de testigos sobre los hechos materia de imputación en este procedimiento”, se lee en el documento, que tiene fecha del viernes pasado.
Villanueva fue detenido como parte de una investigación contra la corrupción “enquistada en la alta dirección del Ministerio Público”, un caso que ha puesto en la encrucijada a la suspendida magistrada, sindicada como lideresa de la presunta red criminal de tráfico de influencias.
Apenas conocida la investigación, Benavides aseguró que se trataba de “un acto torpe” para intentar bloquear las pesquisas que sigue contra los máximos representantes del gobierno y presentó una denuncia constitucional por homicidio contra la presidenta Dina Boluarte; el primer ministro, Alberto Otárola, y otras altas autoridades.
El exasesor quedó en libertad después de aceptar colaborar con la justicia, confirmar la veracidad de los chats que dieron origen a la pesquisa y ratificar que, por orden directa de su jefa —apodada ‘Vane’―, se “habría encargado de instrumentalizar ‘el poder constitucional del monopolio de la persecución penal para beneficio propio’”.
“Reconozco que las imágenes que me muestra corresponden a las capturas de pantalla de las conversaciones que tuve por el aplicativo WhatsApp”, declaró Villanueva al ser interrogado por el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder (Eficcop). Según la tesis fiscal, las coordinaciones se hicieron con congresistas para lograr la inhabilitación de la ex fiscal general Zoraida Ávalos, la elección de Josué Gutiérrez como defensor del pueblo y la remoción de los miembros de la JNJ.
Por este caso, a inicios de 2024 la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos abrió una investigación contra Benavides, a quien se le atribuyen delitos de organización criminal, cohecho activo específico, cohecho pasivo específico, tráfico de influencias, falsedad ideológica, encubrimiento personal y encubrimiento real.
La fiscal suprema Delia Espinoza, a cargo de ese despacho, dispuso que el plazo establecido para las diligencias preliminares sea de seis meses y solicitó al fiscal de la Nación Interino, Juan Carlos Villena, tener a su mando la investigación preparatoria, la etapa intermedia y el juzgamiento de altos funcionarios relacionados con la presunta red criminal.
Maniobra
Por su parte, el abogado de la fiscal suspendida, Jorge Del Castillo, solicitó al presidente de la JNJ, Antonio De la Haza, tomar la “prueba testimonial” de una decena de congresistas afines a su patrocinada.
En la lista figuran Martha Moyano (Fuerza Popular), Patricia Chirinos (Avanza País), Gladys Echaiz (Renovación Popular) y José María Balcázar (Perú Bicentenario), considerados como allegados de Villanueva, así como a la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, Lady Camones (Alianza Para el Progreso).
En todos esos casos, la defensa invoca a la JNJ tomar declaraciones sobre la posibilidad de que hayan realizado coordinaciones directa o indirectamente a cambio de algún beneficio.
Otro testimonio requerido por el letrado es el del defensor José Gutiérrez, quien liderará la Comisión Especial a cargo del concurso público para los nuevos magistrados de la JNJ, y del excandidato a la Defensoría, Pedro Cartolín.
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