Un nuevo presunto caso de abuso policial se registró en la comunidad Cochanquiray del distrito de Cabanilla, provincia de Lampa (Puno), donde una mujer gestante fue intervenida de forma violenta por un grupo de cuatro oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP). A raíz de esta acción, la víctima habría abortado a su bebé de manera accidental.
Por medio de un comunicado difundido en su cuenta oficial de X, antes conocida como Twitter, el Ministerio Público anunció que se iniciarían investigaciones preliminares en contra de los cuatro oficiales que intervinieron en el hecho y habrían cometido el supuesto delito “contra la vida, el cuerpo y la salud (lesiones) en agravio de la ciudadana Yovana Cruz Solano, ocurrido en Lampa (Puno)”, según su publicación.
La mujer, identificada como Yovana Cruz Solano, fue acusada de robar un celular en medio de un conflicto relacionado con terrenos en la zona. Sin embargo, la intervención no se habría producido en flagrancia, sino que se realizó en el domicilio de la mujer y en presencia de sus dos hijas menores de edad.
En el video, que fue difundido en redes sociales, se puede ver cómo la mayor de las niñas intenta proteger a su madre de la acción de dos oficiales de la PNP, quienes intentaban levantarla del suelo sin su consentimiento.
La mujer, que en todo momento intentó ser acompañada por sus hijas, fue ingresada en la maletera de la camioneta y trasladada posteriormente a la dependencia policial de la zona. Este procedimiento sería irregular, pues no se ajustaría con el Manual de Derechos Humanos que rige el servicio policial.
La madre de familia, que se encuentra internada en la Clínica Americana de Juliaca, cuenta con el apoyo de la abogada Yudith Enríquez, quien sostuvo en Pachamama Radio que el Ministerio Público actuó sin haber recibido una declaración oficial por parte de Cruz Solano, de su defensa legal, ni de los testigos presentes en el incidente.
Por otro lado, denunció falta de objetividad en el análisis del video por parte del fiscal y que solo se tomaron en cuenta los aspectos que eran convenientes para la Policía Nacional. Es así como la Fiscalía presentó un requerimiento de prisión preventiva contra la madre de familia.
La Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Puno ha iniciado un procedimiento legal para analizar la intervención y determinar si se produjeron actos de agresión en contra de la mujer, mientras que la Defensoría del Pueblo se pronunció al respecto y solicitó a la Inspectoría de la PNP que se investigue la presunta actuación negligente de los oficiales que participaron de la supuesta intervención irregular.
La institución también emitió un oficial al General PNP Pedro Ortiz Casaverde, jefe de la X Macro Región Policial, en el que se solicitó la apertura de una investigación que determine si se actuó de acuerdo a los criterios de proporcionalidad y razonabilidad en este caso.
De igual forma, la Defensoría del Pueblo envió un oficio al presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Puno en el que solicitó que se investigue a los cuatro agentes PNP por los presuntos delitos de abuso de autoridad y aborto preterintencional (ocasionar de forma no intencional un aborto por medio de violencia).
Según el reglamento de la Policía Nacional del Perú, este caso podría ser incluido en la lista de faltas graves y muy graves de la institución. En particular, la falta MG93 indica que se sancionará con el pase a la situación de retiro a los oficiales que “maltraten física o psicológicamente a los miembros del grupo familiar, de conformidad al inciso b) del artículo 7 de la Ley 30364 (...)”
Además, en caso de que los oficiales que sean hallados responsables de haber cometido el delito de aborto preterintencional, se estarían enfrentando a una pena privativa de libertad no mayor de dos años, o a la prestación de servicio comunitario de 52 a 104 jornadas, según lo que determina el artículo 118 del Código Penal del Perú.
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