El defensor del pueblo continúa en el ojo de la tormenta por su gestión. Josué Gutiérrez, quien ocupó el cargo gracias a los votos de Perú Libre y Fuerza Popular, se pronunció ante la salida de ocho adjuntos a la entidad y dio una versión distinta a la que brindó a través de redes sociales, donde justificó una de las bajas como consecuencia de un “recorte presupuestal”.
“Hay que entender dos cosas: una cosa es que, por decoro, por decencia, yo les pueda decir […] que es necesario terminar el ciclo para comenzar otro, y promover a los que tienen el expertise en igual o similares condiciones que trabajan en la Defensoría para que asuman esos roles. Es invitarlos indudablemente a que renuncien, y eso es lo que se ha hecho en todo este tiempo”, explicó.
“Las instituciones, si bien tienen el concurso de las personas, trascienden a las personas, y lo que se tiene en la Defensoría es a un equipo multidisciplinario, sobre todo en conflictividad. Nosotros creemos que hay etapas en toda institución y esta es una etapa de relanzamiento”, agregó en diálogo con RPP.
Ello, pese a que hace menos de un mes mencionó que la institución es “respetuosa y respalda los derechos laborales de todos los trabajadores en el Perú”, pero que “el presupuesto solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para el periodo fiscal 2024, no ha sido aprobado en su totalidad”.
“Muy por el contrario sufrió un significativo recorte; situación que afecta los ingresos ordinarios de nuestra entidad, entre ellos los orientados al pago de planillas. Esta situación obligó a nuestra institución a dar por concluida las labores de 42 trabajadores, incluido el caso de la trabajadora, cuya situación ha sido expuesta en los medios de comunicación”, se lee en el comunicado en referencia a Magali González.
Cabe mencionar que González, quien advirtió que no le dieron argumentos sobre su salida, se desempeñaba como especialista ll, profesional de planta, del área Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, pero también ocupaba el cargo de secretaria general del Sindicato de la Defensoría del Pueblo.
“Es un acto arbitrario e injusto, pero además una abierta afectación a la libertad sindical de nuestro gremio, porque pretende silenciar nuestra organización al descabezarla”, señaló la afectada para Infobae Perú y adelantó que iniciará “todas las acciones legales que corresponden”.
La decisión motivó a que la congresista Sigrid Bazán solicite a la Comisión de Trabajo del Congreso que se cite “de manera urgente” al defensor del pueblo “a efectos de que brinde sus explicaciones correspondientes que sustenten su decisión de desvincular a la dirigente sindical”.
¿Qué otros adjuntos han renunciado?
La baja más reciente corresponde a Rolando Luque Mogrovejo. El entonces titular del Programa de Ética y Prevención de la Corrupción de la Defensoría del Pueblo, y adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad, renunció a las 16:30 horas del martes 9 de enero de 2024.
Ello, habría sido ante el pedido de Gutiérrez, quien adelantó que ya tiene a su reemplazo. “Por eso es que lo he invitado a que renuncie. No tengo reproche en lo profesional, pero creo que los ciclos terminan cuando se quiere imbuir de una nueva estrategia para hacer trabajos preventivos”, mencionó.
Cabe mencionar que la baja se sumó a la de Lissette Vásquez, quien se desempeñaba como adjunta de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas.
Anteriormente, entre junio y noviembre del año pasado, renunciaron Matilde Cobeña (Niñez y Adolescencia), Alicia Abanto (Primera Adjunta), Susana Silva Hasembank (Lucha contra la Corrupción), Alberto Cruces Burga (Asuntos Constitucionales), Carolina Garcés Peralta (Derechos de la Mujer), y Percy Castillo (Derechos Humanos y Discapacidad).