Unas tres mil denuncias por delitos forestales que se encuentran en etapa de investigación y procesamiento en el Ministerio Público y el Poder Judicial, respectivamente, pasarían al archivo debido a las recientes modificaciones a la ley forestal y de fauna silvestre, según un informe difundido este martes por Epicentro TV.
Organizaciones nativas y activistas medioambientales ya han advertido que los cambios en la norma, promulgada por el Congreso la semana pasada, representan una violación a los derechos de los pueblos indígenas y facilitan la deforestación de la Amazonía.
Sin embargo, un análisis preliminar de la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente ha alertado de eventuales efectos inmediatos en más de la tercera parte de los diez mil casos abiertos en fiscalías ambientales, penales y de criminalidad organizada, y juzgados de todo el país.
De acuerdo con el portal de investigación, la entidad que defiende al Estado en materia ambiental viene analizando las posibles secuelas de la ley promulgada por el titular del Parlamento, Alejandro Soto, y el primer vicepresidente, Waldemar Cerrón.
Entre los tres mil casos que pasarían al archivo, está el referido al estadounidense Dennis Melka y el proyecto de palma aceitera instalado sobre diez mil hectáreas de bosque arrasado, así el de los ‘Menonitas’, un grupo religioso asociado a la actividad agrícola que ha devenido en uno de los principales impulsores de la deforestación. Ambos transcurren en Ucayali.
Melka también es investigado por la Fiscalía de Crimen Organizado como presunto cabecilla de una organización delincuencial. Otra de las investigaciones que se encarpetaría, según el reportaje, es el que incluye a la empresa Tamshi SAC, antes Cacao del Perú Norte SAC, acusada en Loreto por deforestación.
Movidas
Los cambios de la ley forestal, entre otros, suspenden por hasta dos años la obligatoriedad de exigir la zonificación forestal como requisito para la entrega de títulos habilitantes de parte de los gobiernos regionales, y establecen que los predios privados que no contengan bosques serán considerados áreas de exclusión para fines agropecuarios, lo cual fue motivo de rechazo por parte del Ejecutivo.
Su propia promulgación fue objeto de denuncias. Según la congresista Ruth Luque, Soto incumplió el procedimiento parlamentario porque eliminó las reconsideraciones contra la nueva norma, con lo cual se violó el reglamento del Legislativo, remarcó la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).
En una entrevista con RPP, el diputado indicó que no había “impedimento” para promulgar la autógrafa. “Tengo que dejar en claro que, de acuerdo con información del Oficial Mayor, las reconsideraciones presentadas por parlamentarios respecto de esta autógrafa de ley han sido presentadas de forma extemporánea. Por tanto, no había ningún impedimento” para oficializarla, señaló.
El año pasado, la Comisión de Ética aprobó investigar a Soto por impulsar la Ley 31751, que modifica la suspensión del plazo de prescripción, y que le sirvió estratégicamente para evadir una pena de cárcel por estafa y apropiación ilícita común.
Fue el único caso que el grupo parlamentario presidido por Diego Bazán dio luz verde para que siga el proceso. Las otras dos denuncias —por contratar a su cuñada, y por usar a los trabajadores de su despacho para atacar a sus detractores en las redes sociales, mediante el uso de cuentas falsas—, fueron desestimadas.
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