Ventanilla: Rehabilitación ambiental no inicia luego de dos años del derrame de Repsol

Luego de dos años de haberse producido el derrame de más de 11.000 barriles de petróleo de la empresa Repsol en el mar de Ventanilla a causa de una tubería a la que no se dio mantenimiento adecuado y que además presentaba fallas de fabricación, los trabajos de rehabilitación ambiental aún no se han iniciado y las consecuencias ambientales aún están presentes en esta zona del litoral peruano.

Según el informe de la Defensoría del Pueblo, las labores de evaluación y supervisión ambiental y sanitaria deberán continuar para iniciar con las labores de rehabilitación de la zona. Esto se debe a que aún persiste la contaminación a raíz de la presencia de petróleo.

“Pese al tiempo transcurrido, no se contaba con las condiciones para un desarrollo normal de las actividades extractivas de recursos hidrobiológicos relacionadas con la pesca artesanal”, aseguró la institución. Por su parte, un comunicado conjunto emitido por la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Salud y el Ministerio de la Producción indicó que al menos 25 playas de uso recreacional mantenían su condición de afectadas.

En ese sentido, también se señaló que desde octubre del año 2023 se recomendó al Ministerio de la Producción que se apliquen restricciones a la actividad de pescadores artesanales en estas zonas afectadas. El Instituto del Mar del Perú (Imarpe) brindó algunas recomendaciones, sin embargo, estas no habrían sido escuchadas por el Ministerio.

La Defensoría también indicó que en diciembre del año 2023 también venció el plazo para implementar el Plan Post Declaratoria de Emergencia Ambiental. Esta acción, que estaba bajo el liderazgo del Ministerio del Ambiente, era importante para el seguimiento de las acciones de rehabilitación y recuperación ambiental, aunque no fue realizada.

El comunicado emitido por la Defensoría del Pueblo también reveló que aún quedan acciones pendientes de realizarse en las zonas afectadas, como la última evaluación biológica ambiental en la zona marina costera, a cargo del Imarpe; y la ampliación de la evaluación de la condición sanitaria y análisis de riesgo de los recursos hidrobiológicos, a cargo del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes)

“El Ministerio de Energía y Minas está evaluando 18 planes de rehabilitación presentados por Repsol”, sostuvo la institución. Además, se indicó que el Ministerio del Ambiente será el encargado de dar continuidad y seguimiento a este plan, así como la coordinación para la intervención de las instituciones involucradas en este caso de gran impacto ambiental.

Según el Padrón Único de Afectados (PUA) elaborado por la Presidencia del Consejo de Ministros, se ha registrado a más de 10.200 afectados por el incidente hasta marzo del año 2023; sin embargo, habría cientos más que se encuentran fuera de esa lista.

En ese sentido, la Defensoría del Pueblo indicó que participó de hasta 13 reuniones que fueron desarrolladas como parte de mesas de diálogo establecidas por la Presidencia del Consejo de Ministros y en las que se recomendó el establecimiento de un cronograma de actividades para que cada persona afectada sea identificada según criterios específicos.

Las compensaciones adecuadas a los ciudadanos afectados también estarán a cargo del Ejecutivo y ya se han establecido seis reuniones con hasta nueve organizaciones de pescadores y comerciantes, quienes fueron afectados por la contaminación realizada por el derrame de petróleo.

A partir del caso de contaminación de la refinería La Pampilla, propiedad de Repsol, la firma internacional de abogados Pogust Goodhead, especializada en casos de conflictos ambientales, presentó una denuncia de forma oficial en contra de la compañía petrolera en la que se reunió a más de 34.000 personas que fueron afectadas por el desastre ocasionado por el derrame.

La lista, que contiene a afectados de Ancón, Aucallama, Chancay, Huacho, Santa Rosa y Ventanilla, involucra a vecinos de las zonas y a pescadores quienes se vieron obligados detener sus actividades para no ver expuesta su seguridad y su salud.

Según explicó Tom Goodhead, director ejecutivo de la firma, la demanda presentada ante la Corte de La Haya (Países Bajos) buscará una compensación económica para las personas afectadas. “Repsol dice que ya indemnizaron a la gente, pero solo lo hicieron con una pequeña porción y con montos mínimos, casi irrelevantes para el tamaño del impacto”, indicó a El Comercio.