Hoy, 15 de enero de 2024, se cumplen dos años del considerado “mayor desastre ecológico de la historia peruana contemporánea” reflejado en el derrame de petróleo de Repsol frente a las costas de Ventanilla, distrito ubicado al norte del Callao en Lima. La refinería La Pampilla, gestionada por la empresa española, en un descuido, descargó de un buque tanque, un vertido de casi 12.000 barriles de crudo en el mar peruano.
Según las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente, la infraestructura submarina de la refinería estaba dañada y se rompió durante las maniobras. En octubre del 2023, asociaciones de pescadores artesanales afectados por el derrame de petróleo realizaron una marcha exigiendo que Repsol cumpla con la reparación económica aún pendiente.
En noviembre último, el Ministerio de Salud dio a conocer que de 30 playas afectadas en las regiones Lima y Callao, 25 aún siguen contaminadas, aunque en sus comunicados Repsol sostiene que “el agua en el mar y las playas afectadas cumplen con los más altos estándares de calidad ambiental”.
Presentan demanda millonaria en Holanda contra Repsol
Recientemente, el 10 de enero de este 2024, la firma de abogados británico Pogust Goodhead interpuso una demanda judicial contra la empresa Repsol en libras esterlinas equivalentes a 1.200 millones de dólares en relación al derrame de petróleo ocurrido en el mar peruano.
La demanda presentada busca indemnizar aproximadamente a 34.000 peruanos afectados de los distritos Ancón, Aucallama, Chancay, Huacho, Santa Rosa y Ventanilla por este derrame de crudo.
En respuesta, Repsol ha señalado que la demanda carece de fundamento y que de acuerdo con experiencias similares, “consideramos que este caso debe ser abordado en el Perú”.
El presidente del OEFA, Johnny Marchán, sostuvo a La República que desde el 2022 a la fecha han aplicado contra la compañía 28 medidas administrativas, algunas de ellas ya vencidas y otras 17 en proceso de ser atendidas; referidas a, disposiciones como limpieza continua de la zona.
“En las primeras resaltan cuatro bastante importantes referidas a que la empresa debía presentar hasta los primeros días de octubre del 2023 planes de rehabilitación para iniciar trabajos definitivos de limpieza y recuperación de 91 formaciones costeras”, señaló el ejecutivo de la OEFA.
De acuerdo con Marchán, Repsol presentó sus planes de rehabilitación al Ministerio de Energía y Minas (Minem), el cual los declaró inadmisibles. En diciembre reiteraron al Minem la revisión de estos 18 planes y nuevamente fueron rechazados.
“Por eso, este mes de enero, emitimos resoluciones en las que disponemos multas coercitivas para presionar a Repsol y exigir el cumplimiento de estas medidas administrativas nuestras, que pasan por presentar los planes de rehabilitación”, señaló al mencionado diario.
OEFA: Multas de S/97 millones han sido impugnadas por Repsol
Las multas ascienden a las 400 UIT, equivalentes a S/2 millones 60 mil que se suman a los S/2,9 millones existentes en multas coercitivas que se han impuesto entre 2022 y 2023 por el incumplimiento de otras siete medidas.
“Ya en etapa de sanción, el Tribunal de Fiscalización Ambiental de la OEFA, una segunda instancia porque todas las medidas las ha impugnado, ha dictado multas equivalentes a S/97 millones y el resto de ellas han sido apeladas ante el Poder Judicial”, refirió Johnny Marchán.
En la instancia administrativa del OEFA, el ejecutivo señala que se han impuesto multas, y Repsol, en su práctica habitual, ha impugnado las resoluciones, las cuales han sido elevadas a la instancia del Tribunal, donde la mayoría ha sido ratificada. Sin embargo, frente a este fallo, la empresa está impugnando las resoluciones directamente ante el Poder Judicial.
“Todo lo que se ha confirmado está siendo impugnado, lo que representa aproximadamente S/97 millones”, indicó.
La demanda de la firma de abogados británico busca indemnizar aproximadamente a 30.000 demandantes peruanos afectados por el derrame de crudo.
“El número de víctimas que participan en la reclamación supera las 34.000, entre pescadores y restauradores, que aún no pueden volver a sus actividades normales debido a la magnitud de los daños causados”, indicó Pogust Goodhead.
La firma Pogust Goodhead, que ha confirmado la denuncia, señala que a pesar de las investigaciones de las autoridades locales, numerosas personas y empresas impactadas por el derrame no han sido compensadas, enfrentándose a la ruina financiera y al colapso de sus actividades cotidianas.
El director ejecutivo de la firma, Tom Goodhead, dijo que “Repsol es una empresa que dice tener una reputación valiosa, que se preocupa por el medio ambiente y promueve proyectos sociales, pero eso es una tontería”.
“La realidad es que su comportamiento es completamente contradictorio”, añadió Goodhead indicando que “se acabaron los días en que las empresas hacían lo que querían en el otro lado del mundo y se salían con la suya”.
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