La Inspectoría General del Ejército exculpó a todos los oficiales o subalternos que intervinieron en la represión del 15 de diciembre del 2022 en Ayacucho, donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) halló casos de ejecuciones extrajudiciales, según la primera entrega de una investigación difundida este domingo por La República.
El general de brigada Marco Marín, inspector de la IV División del Ejército, no atribuyó los homicidios a ninguno de los uniformados, pese a que los protocolos de necropsia expedidos por el Instituto de Medicina Legal señalan que las víctimas fueron impactadas por disparos de fusiles automáticos Galil, que en Perú solo usan los militares.
De acuerdo con el expediente al que accedió el diario, el jefe de la investigación solo encontró “faltas administrativas, burocráticas, nimias”, atribuidas a ocho uniformados del Ejército, a quienes se sancionó con un castigo simple. Inicialmente, según el documento, Marín abrió un proceso contra 37 efectivos.
De este grupo, a 12 oficiales que eran parte de la IV División del Ejército (cuatro coroneles, dos tenientes coroneles, cuatro capitanes y dos tenientes), les imputó infracciones graves y muy graves: por haber disparado, por haber ordenado disparar o por impedir que sus subordinados disparen a los manifestantes. Sin embargo, luego de una investigación exprés, los libró de todos los cargos.
“No está probado que los heridos y/o fallecidos mencionados en los medios de comunicación social y en las redes sociales hayan sido producto del accionar de los integrantes de las patrullas de las Fuerzas Armadas”, anotó en una página de la carpeta, pese a que, según el diario, varios efectivos a quienes interrogó le dieron pistas sobre los autores de los mortales disparos.
Después de desestimar esa información y exculpar a los militares, Marín fue nombrado agregado militar en Washington y representante en la Comandancia General Adjunta de Interoperabilidad en el U.S. Army South, en Estados Unidos. Viajó para asumir funciones el 15 de mayo, según su movimiento migratorio.
Solo cuatro meses después, a inicios de octubre, la presidenta Dina Boluarte ―investigada por esta matanza— rubricó la resolución suprema para formalizar el destaque del general en la nación norteamericana. El informe final exculpatorio está incluido entre los 1.662 folios, divididos en tres tomos, que el Poder Judicial ordenó al Ejército entregar en julio pasado a la magistrada Mirela Coronel, del equipo especial para casos con víctimas durante las protestas.
La fiscal es la encargada de este caso ocurrido en la región andina, donde un grupo de manifestantes intentó tomar el aeropuerto en diciembre pasado, lo que llevó a la intervención de la Policía y las Fuerzas Armadas. IDL Reporteros ya ha expuesto que las víctimas no formaban parte de la protesta y perdieron la vida incluso cuando el intento de tomar el aeródromo había terminado.
A fines del 2023, La Encerrona difundió, de igual modo, una declaración que el capitán Víctor Grados emitió días después de perpetrados los hechos homicidas y que, aparentemente, omitida por Marín.
“Mi general, los responsables, que saben quiénes son, asuman su responsabilidad como tal y dando la cara y diciendo la verdad y no queriendo tomar otros nombres, haciendo quedar mal a otras patrullas todo para que ellos queden libres de todo; cuando hay responsables quienes son los verdaderos en haber salido a los exteriores del aeropuerto y haber disparado a quema ropa contra la turba de manifestantes”, se lee en el testimonio incluido en un documento clasficado.
Las acusaciones de disparos a quemarropa fueron respaldadas en preguntas posteriores, cuando Grados reveló que “sí hay verdaderos responsables” y responsabilizó, de manera directa, a “las patrullas que se quedaron y salieron a las afueras del aeropuerto”.
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