Los primeros meses del Gobierno de la presidenta Dina Boluarte han tomado relevancia por el saldo de 49 muertos durante el conflicto social que se desató por su ascenso al poder. Durante este periodo, la mandataria mostró su especial respaldo a la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas. Con el tiempo, el gobierno ha mostrado tener una mayor atención al sector y ahora un informe ha revelado que promovió a efectivos de la PNP que, en su momento, tuvieron la responsabilidad de ‘acallar los reclamos’ de la población.
Según lo revelado por el semanario Hildebrandt en sus Trece, un total de cinco generales de la PNP implicados en las muertes registradas en las diferentes regiones del Perú, fueron ascendidos en su carrera profesional. Se trata de los jefes de las regiones y frentes policiales de Ayacucho, Puno, Apurímac, Junín y de Lima.
Dina Boluarte y los dos ministros del Interior que ha tenido en el último año ‘han premiado’ a estos oficiales con viajes al extranjero para estudios, oficinas estratégicas que podrían dar paso al encubrimiento de responsables de asesinatos que son de investigación para la Fiscalía de la Nación, y puestos de trabajo que permiten salidas del país repetitivas a lugares como Colombia y Brasil.
Los cinco generales de la presidenta Dina Boluarte
Según el reporte del semanario, el primero de estos beneficiados es el general PNP Antero Rosendo Mejía Escajadillo, quien durante las protestas se desempeñaba como jefe de la Región Policial Ayacucho. Tras estar a cargo de los regimientos policiales en dicha región, y una vez culminado el periodo de conflicto social, Mejía fue trasladado a Piura como jefe de dicha región policial, aunque no fue bien recibido.
En el interín, el exministro del Interior, Vicente Romero lo asignó a participar en el curso ‘Proyectos Municipales de Seguridad Ciudadana’ que se realizó en Israel, para el que el Estado le pagó un viaje por 18 días con todo pagado. A su regreso, le esperó un traslado a la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional del Perú, en donde se desempeña desde entonces. ¿Su lugar de trabajo? Lima.
Otro de ellos es el general PNP Carlos Omar Bravo Cáceres, quien era el jefe Policial de la Región Puno, el cual, según lo alertado por H13, era el “comando operativo de la matanza en Puno” que dio como resultado un total de 19 personas asesinadas. Tras ocurrir estos hechos, el Gobierno de la presidenta Boluarte cumplió con él y lo trasladó a Lima para encargarse de la Jefatura Nacional de Inspecciones de la PNP.
Este hecho, según lo advertido por la investigación, es una “posición estratégica”; pues pone a Bravo Cáceres como “jefe de las inspectorías donde fueron archivadas las pocas investigaciones que se hicieron contra los policías que dispararon a matar”.
En ese mismo sentido, se advirtieron los ascensos del general PNP Luis Flores Solis, quien pasó de ser el jefe del Frente Policial de Apurímac —en donde se registraron un total de seis asesinatos durante protestas— a comandar temporalmente la Dirección de Trata de Personas para luego, en mayo del 2023, ocupar el cargo de jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri). En el cargo estuvo apenas siete meses, pues desde diciembre se desempeña como jefe de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote), destacada en Lima.
Así como Solis, también acabó ‘a buen recaudo’ el general PNP Gregorio Martín Villalón Trillo, quien estaba a cargo de la VI Región Policial de Junín el 16 de diciembre de 2022, durante la toma del puente de Pichanaqui, otra de las zonas más álgidas de la protesta social que dio como resultado la muerte de tres personas. Tras su labor en aquellos días, Martín Villalón fue trasladado a Lima, para ejercer el cargo de director de Medio Ambiente de la PNP.
Según lo reportado por Hildebrandt en sus 13, la labor de Villalón en dicha nueva dirección contiene una serie de beneficios con el de viajar con regularidad a países extranjeros como Colombia y Brasil, entre otros.
El beneficio de un encubrimiento
Como si estos hechos no fueran suficientes, existe un efectivo más que ha participado activamente en ‘minimizar’ los abusos contra la ciudadanía. Este es el caso del general PNP Víctor Zanabria; quien era el jefe policial de la Región Lima el día en el que ocurrió el asesinato del ciudadano Víctor Santisteban Yacsavilca en Lima.
Los intentos de protección de Zanabria al Gobierno se han registrado no solo a puertas abiertas, sino también a puertas cerradas. En el informe periodístico, se detalla que Zanabria señaló en sus declaraciones ante la Fiscalía de la Nación que “Boluarte no les dio ninguna indicación sobre cómo se debería proceder frente a las protestas”, intentando eximirla de la responsabilidad política que se le atribuye.
De cara a la ciudadanía, Zanabria intentó individualizar el caso contra el policía que asesinó a Rosalino Flores Valverde, aseverando que sus acciones eran ‘individualísimas’. En dicho momento, él estaba a cargo de la Jefatura de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad de la PNP. En cuanto a rango, este fue ascendido al “grado máximo de la institución como Teniente General de la PNP”, según Hildebrandt en sus Trece.
A finales del 2023, con el ascenso de un total de 75 generales de la PNP, Zanabria pasó a la Dirección Nacional de Operaciones Policiales; en donde se desempeña en la actualidad. También está ubicado en Lima.