Poder Judicial rechazó recurso que Alberto Fujimori presentó para que no lo investiguen por caso Pativilca

El Poder Judicial rechazó el pedido que hizo Alberto Fujimori para que archiven la investigación en su contra, por el caso Pativilca. Recordemos que lo acusan de haber cometido el delito de homicidio calificado y asesinato.

Esta indagación seguirá en pie, ya que el jueves 11 de enero se dio a conocer que la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora no aceptó la solicitud de excepción de naturaleza de acción, presentada por el abogado del expresidente Alberto Fujimori, Elio Riera.

Para el padre de Keiko Fujimori, la investigación debía ser enviada al archivo porque carecía de sustento y porque las imputaciones en su contra no constituían homicidio calificado-asesinato con la agravante de alevosía.

En este contexto, la jueza superior Miluska Cano precisó que se tomó esta decisión al determinar que los hechos imputados al exmandatario sí constituyen un delito. Asimismo, resaltó las disposiciones de la Convención Interamericana y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obligan al Estado peruano a investigar y sancionar casos de violaciones a los derechos humanos.

El caso Pativilca es uno de los episodios de violaciones a los derechos humanos asociados a la dictadura de Alberto Fujimori, quien ha sido señalado como autor mediato del crimen.

Este caso involucra el asesinato de seis comuneros en el pueblo de Pativilca, en Barranca, al norte de Lima. Los eventos tuvieron lugar en enero de 1992, en el contexto del conflicto armado interno en Perú y la lucha del Estado contra el grupo terrorista Sendero Luminoso.

Los seis agricultores asesinados fueron: Felandro Castillo Manrique, César Rodríguez Esquivel, Toribio Ortiz Aponte, Tito Ricardo Ramírez Alberto, Roberto Edgar Villanueva Leiva y Jhon Linder Cateriano Silva.

Las investigaciones fiscales indican que estas personas fueron interceptados por miembros del Grupo Colina, un destacamento militar acusado de llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales, y posteriormente fueron torturadas y asesinadas.

Alberto Fujimori fue denunciado por este hecho en 2015, junto a los exagentes Nicolás de Bari Hermoza Ríos, Julio Rolando Salazar Monroe, Juan Nolberto Rivero Lazo y Federico Augusto Navarro Pérez, a quienes se les sindicó como autores mediatos del delito de asesinato. Mientras que a Alberto Pinto Cárdenas se le imputa el cargo de cómplice primario en el delito de asesinato.

Son señalados como coautores del hecho los agentes: Santiago Martin Rivas, Carlos Pichilingue Guevara, Julio Chuqui Aguirre, Jesús Sosa Saavedra, Wilmer Yarleque Ordinola, Haydee Terrazas Arroyo, Nelson Carbajal García, Fernando Lecca Esquen, César Alvarado Salinas, Carlos Zegarra Ballón, Julio Salazar Correa, Juan Vargas Ochochoque, Pedro Santillan Galdos, Gabriel Vera Navarrete, José Alarcón Gonzales, Ángel Pino Diaz y Víctor Hinojosa Sopla.

En diciembre de 2023, luego de que se diera validez al indulto otorgado a Alberto Fujimori, la Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad solicitó para el exdictador un periodo de 18 meses de detención domiciliaria.

La fiscal Raquel Cárdenas realizó esta petición basándose en el riesgo procesal de fuga u obstaculización de la justicia.

El abogado de Fujimori, Elio Riera, anunció que el expresidente condenado por crímenes de lesa humanidad no saldrá del país, porque tiene problemas de salud. También aseguró que van a demostrar que él es inocente en este caso.

Mientras tanto, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) también habría anunciado solicitar ante el Poder Judicial que la medida cautelar de Fujimori sea modificada de comparecencia con restricciones a detención en relación con este caso.