Procuraduría General del Estado buscó alquilar una nueva sede por más de $2 millones de dólares

La Procuraduría General del Estado tiene sobre sí una investigación por presuntos actos irregulares que involucran no solo a la gestión actual de Javier Pacheco; sino también a la del suspendido Daniel Soria. El hecho corresponde al otorgamiento de la buena pro para el alquiler de un inmueble en el que funcionarían las nuevas oficinas de la PGE y para el que se acordó el pago de US$2 404 891 millones, en un proceso para el que la Contraloría advirtió irregularidades y que ha sido refrenado.

El hecho fue alertado inicialmente el 22 de diciembre, cinco días después de que el actual representante de la Procuraduría General del Estado, Javier Pacheco, asumiera el cargo. Aquel mismo día, la gerente general Aida Mónica Rosa Sánchez Bayes de López, dispuso, mediante la resolución N° D000088-2023-JUS/PGE-GG la aprobación del Servicio de arrendamiento de inmueble para la Sede Institucional de la Procuraduría General del Estado”.

Según el documento se dispuso la contratación de dicho servicio por un periodo de tres años; sin embargo, llamó la atención que no se especifique ni la empresa, ni la ubicación del espacio, ni mucho menos el área del inmueble. Ante ello, este medio revisó los términos de la contratación que Sánchez Bayes autorizó en dicha oportunidad; y se confirmó la existencia del otorgamiento de una buena pro; no obstante, el contrato correspondiente no fue adherido a la plataforma oficial.

Tras la revisión en el portal de contrataciones del Estado, se pudo advertir que la empresa beneficiaria de este millonario pago debía ser la Fundación Ignacia Rodulfo Vda. de Canevaro, con RUC 20100266793; la misma que se hizo accesitaria a dicho contrato mediante la modalidad de contratación directa. La buena pro de esta contratación estuvo a cargo del funcionario Augusto Martín Curay Casanova, del Órgano Encargado de las Contrataciones de la PGE.

No obstante, el hecho generó suspicacias tanto por el millonario monto de adjudicación que se le había otorgado; también que en los documentos oficiales no se detalló con claridad el inmueble al que la Procuraduría tendría acceso. No fue hasta que el informe del Órgano de Control Institucional de la PGE detalló el lugar de la compra que se supo que este estaba ubicado en la avenida Paseo de la República N° 3721.

Según lo declarado por el mismo procurador Javier Pacheco para este medio, el órgano de control interno fue alertado sobre este hecho y pausó la transferencia de la primera parte del pago y ordenó la visita de la Contraloría a dicho edificio. En el informe de Control, la Contraloría advirtió que el “el inmueble previsto para la contratación directa del servicio de arrendamiento de la sede de la PGE no cumple con los términos de referencia”.

Ante esta irregularidad, se ha puesto en pausa el proceso de contratación; motivo por el que tampoco se llegó a suscribir contrato alguno. El documento de la Contraloría advirtió que esta irregularidad “podría ocasionar que se contrate y pague un inmueble que no le permita cumplir con sus funciones institucionales”, además de llegar a la conclusión de que podría exponer al personal y a usuarios a posibles riesgos.

Ante este proceso, Infobae Perú pudo recoger las declaraciones del Procurador General del Estado, Javier Pacheco, quien se encuentra ocupando la labor de Daniel Soria mientras dure el proceso de suspensión en el que se encuentra enfrascado.

Cuando fue consultado por este acto irregular, Pacheco afirmó que, si bien el hecho se realizó durante su gestión, este proceso de contratación directa se orquestó durante la gestión del suspendido Daniel Soria. “Cuando yo tengo conocimiento de esta delegación de facultades iniciada por el anterior procurador general (Daniel Soria) y al igual que usted me preguntó ese tipo de irregularidades, inmediatamente le pido al órgano de control que emita su informe”, detalló en una entrevista exclusiva para este medio.

“A pedido mío, a la gerente general le he indicado que no continúe con ese procedimiento, porque es competencia de ella; porque las facultades están delegadas. Entiendo que de ese contrato no se ha generado ningún desembolso y vamos a revisar quién pidió este contrato, cómo se hizo”, aclaró.

Tras advertir la irregularidad en el informe de dicha organización, el ahora titular de la PGE aseveró que ahora existe tiempo para encontrar a los responsables directos, a fin de que sean sometidos a los procesos debidos.

“De aquí en adelante veremos si estábamos ante un alquiler deluxe como el del procurador anterior, quien ya está denunciado. (...) (Planteo denunciar) A quien corresponda, pero solo le pongo como antecedente de que ya existe una denuncia por hechos similares”; afirmó.