El Decano Majed Velásquez Véliz, en representación del Colegio de Sociólogos del Perú, se ha presentado ante el Tribunal Constitucional para presentar una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 31973, que altera la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley 29763), alegando la vulneración de derechos esenciales, sobre todo de las comunidades indígenas.
Infobae Perú accedió al documento y conversó con Velásquez Véliz, quien recalcó en entrevista con este medio que la reciente normativa antiforestal, que ya entró en vigor, omite pasos clave que sirven como un instrumento para asegurar el uso debido de los bosques para evitar acelerar la deforestación.
Sostiene que la falta de cumplimiento de estas etapas pone en riesgo la biodiversidad y el equilibrio ecológico de áreas afectadas, además de impactar directamente a las comunidades nativas que dependen de dichos ecosistemas para su subsistencia.
TC se pronunciaría pronto
Juan Carlos Ruiz, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), quien acompaña el caso, precisa que la demanda de inconstitucionalidad tiene como objetivo eliminar la norma.
Cabe aclarar que la acción legal fue interpuesta el mismo día de la publicación de la norma, siendo admitida al mediodía. Ahora, el TC tiene un plazo de hasta 10 días para emitir un pronunciamiento sobre la misma.
En esa línea, Ruiz subraya que cada año se deforestan 150 mil hectáreas y en pandemia llegamos a 200 mil, “eso es más de la mitad de Lima, y en el Perú entre el 50 y 60% de las causas de los efectos de gas invernadero es por deforestación y la principal causa de deforestación es por actividades agropecuarias en tierras de aptitud forestal”.
En ese sentido, la demanda representa una oportunidad para revertir la posibilidad de que se archiven todos los procesos penales en curso contra taladores ilegales y empresas involucradas en deforestación irregular. Pues, la normativa aprobada conllevaría el cese de investigaciones y procesos judiciales, lo que genera una gran preocupación por la posible impunidad de las actividades ilícitas.
Norma viola derechos de pueblos indígenas
De acuerdo al decano Majed Velásquez Véliz, la crítica central a la reciente modificación de la Ley Forestal radica en las tensiones que podrían generarse entre comunidades amazónicas y campesinas, así como en el inicio de conflictos que giran en torno al uso y propiedad de sus tierras.
Esto debido a la omisión del proceso de consulta previa y consentimiento, que busca garantizar que se escuchen y consideren la posición de los pueblos indígenas antes de la implementación de cualquier proyecto o legislación que les afecte directamente.
Dicha norma se encuentra establecida mediante la Ley N° 29785 y en el Convenio 169 —ratificado por el Estado peruano— para proteger los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios, especialmente su autodeterminación en el manejo de sus tierras ancestrales.
Sobre ello, el decano del Colegio de Sociólogos del Perú comenta: “Creo yo que el Congreso aún tiene mecanismos para poder hacer una derogatoria de esta norma, de forma que esta situación no se agrave, porque los pueblos indígenas amazónicos merecen el respeto y, sobre todo, la implementación de un Estado plural e intercultural. El mundo entero está asombrado con esta situación, a pesar de que el Perú tiene el Convenio 169″, señala Velásquez.
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