Violencia en Ecuador: “No puede ocurrir lo mismo en Perú, pero hay razones para preocuparnos”

Tras darse a conocer que un grupo de delincuentes tomó en vivo las instalaciones del canal de televisión abierta ecuatoriano TC Televisión, funcionarios y especialistas han dado a conocer que en Ecuador la relación entre el terrorismo y la delincuencia organizada requiere de un enfoque multidisciplinario y de cooperación internacional urgente.

Así lo indicó, Pedro Manosalvas, experto en seguridad y defensa y director del Observatorio Ecuatoriano de Seguridad Nacional (OESN), quien asegura que el reciente hecho marca el comienzo de un año desafiante luego de cerrar el 2023 como el país más violento de Latinoamérica.

De acuerdo a Manosalvas, la actual escalada de violencia evidencia la incapacidad del Estado ecuatoriano en prever y contrarrestar la amenaza del terrorismo, pese al conocimiento previo sobre la vulnerabilidad que atraviesa la población.

Recientemente, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firmó el Decreto Ejecutivo Nro. 111, reconociendo oficialmente la existencia de un Conflicto Armado Interno en el territorio.

Según Manosalvas, esta medida demuestra la crítica situación del país, que ha tomado como último recurso esta acción para combatir el avance de las bandas delictivas y su poder dentro de las cárceles, donde el año pasado la cifra de víctimas mortales tras enfrentamientos entre bandas rivales ascendió a 79.

En esa línea, a pesar de los esfuerzos, la gestión de las autoridades continúa siendo un tema crítico sin soluciones efectivas a la vista. Esto debido a que la crisis carcelaria en Ecuador se ha incrementado notoriamente, marcando un periodo de inestabilidad y violencia en el sistema penitenciario que no ha podido ser controlado por los últimos tres gobiernos.

A ello, se suma el problema de la distribución de cocaína hacia Estados Unidos y Europa, el reclutamiento de menores por Grupos Delictivos Organizados (GDO), la infiltración de grupos delictivos en instituciones estatales, incluyendo la Policía, Consejo de la Judicatura y las Fuerzas Armadas, y una seguridad fronteriza deficiente.

Esta última razón resulta ser un punto que afecta directamente al Perú. Pues, el territorio nacional también enfrenta un problema creciente en términos de inseguridad ciudadana, que exige medidas más efectivas para la protección de la ciudadanía frente al avance de la delincuencia organizada transnacional.

Sobre ello, Dante Vera, sociólogo y exasesor principal del Ministerio del Interior (Mininter), conversó con Infobae Perú y explicó que: “hay razones para estar preocupados y por eso tenemos que tomar medidas de prevención y defensa inmediata”.

Según Vera, ahora mismo la preocupación principal radica en la posibilidad que los criminales evadan los puestos de control formales, como el del departamento de Tumbes, y opten por los numerosos pasos ilegales de la extensa frontera, especialmente en la región Amazonas.

Asimismo, precisa que, hoy en día, las organizaciones criminales trasnacionales han ampliado su espectro de operaciones más allá del tráfico de drogas, incursionando en un campo más amplio que abarca desde el control sobre áreas de economías ilegales hasta el manejo de zonas territoriales y partes del Estado, así como las cárceles.

Este fenómeno representa una evolución en las actividades de estas asociaciones ilícitas, que ahora también se dedican a la minería ilegal, la trata de personas y la tala ilegal de madera, entre otros.

“Las cárceles en el país, a pesar de la situación terrible, todavía no están en manos de estas bandas internacionales”, agrega.

En la actualidad, los enfrentamientos entre organizaciones criminales trasnacionales en Ecuador están encabezadas principalmente por el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación, quienes buscan dominar las cárceles y las rutas del narcotráfico.

Estas disputas violentas involucran a otras bandas locales como ‘Los Choneros’ y ‘Los Lobos’, y se centran en el control del territorio para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa.

Por ejemplo, en la frontera de Ecuador con el Perú, específicamente el distrito de Suyo, en la región de Piura, es identificado como una zona de intenso movimiento de minería ilegal y tránsito de drogas, lo que la convierte en un área de alta inseguridad.

Dicha situación no solo afecta a la jurisdicción mencionada, sino también a territorios en las fronteras con Bolivia y Brasil, donde se reportan actividades ilegales similares, colocando en riesgo la seguridad de las regiones del centro y sur del Perú.