El Poder Judicial declaró infundado este miércoles el pedido fiscal de variar la comparecencia simple que mantiene la ex primera dama, Lilia Paredes, por 28 meses de prisión preventiva, al implicarla en una presunta organización criminal dedicada a realizar licitaciones públicas fraudulentas durante el gobierno de su esposo, Pedro Castillo (2021-2022).
La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior Nacional ratificó una resolución emitida en junio pasado por el juez Raúl Justiniano, del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, quien rechazó dictar prisión preliminar contra la investigada, asilada en México, así como a sus hermanos Walter y David Paredes.
De acuerdo con el documento judicial, de los 223 elementos de convicción que obran en los folios, únicamente dos hacen “referencia directa” a la exprimera dama: la declaración reservada del exasesor Salatiel Marrufo y la de un aspirante a colaborador eficaz que, en rigor, señaló que ella habría sido asistente personal de Castillo y habría tomado el control de “aquellas personas que eran recibidas en el despacho presidencial”.
“Estos dos elementos [...] podrían resultar relevantes en la presente investigación penal; no obstante, consideramos que por sí solos no sustentan una variación sustancial de tal magnitud que podrían llevar a variar la medida de comparecencia simple por una medida tan gravosa como es la prisión preventiva”, se lee en la resolución.
El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) postuló, además, que el asilo de Paredes “habría venido coordinando con anterioridad por miembros de la presunta organización criminal liderada” por Castillo, pues un aspirante a colaborador mencionó que el expresidente dispuso al exsubsecretario de su despacho, Beder Camacho, realizar coordinaciones con embajadas de Venezuela y México.
Sin embargo, la resolución del tribunal remarcó que “la condición de asilada política [...] fue una decisión tomada de manera exclusiva” por la administración mexicana, la misma “que fue acatada por el Estado peruano en virtud de la Convención Internacional”; por tanto, “se debe desestimar también dicho agravio postulado por el Ministerio Público”.
Según las tesis del Ministerio Público, los hermanos Paredes, así como el exalcalde de Anguía, José Medina, estarían involucrados en una presunta red criminal dedicada a licitaciones fraudulentas, cuyos campos de acción fueron Lima, Cajamarca y Amazonas.
En estas regiones, de acuerdo con la acusación, fueron favorecidas empresas de fachada con el otorgamiento de la buena pro de obras públicas vinculadas al Ministerio de Vivienda, pese a que no contaban con requisitos legales. Paredes lleva un año en territorio mexicano, probablemente en la colonia La Roma, una de las más exclusivas de la capital.
El pasado 7 de diciembre, tras intentar dar un golpe de Estado, Castillo buscó llegar a la Embajada mexicana con toda su familia, pero fue detenido en el camino. Su esposa y sus dos hijos sí lograron ingresar a la representación diplomática y luego recibieron este beneficio que, según un expediente difundido por Punto Final, consigna información falsa.
De acuerdo con la cronología de los oficios, el 8 de diciembre del 2022, por la mañana, Paredes se acercó a la embajada mexicana en Lima y presentó una carta a su representante, Pablo Monroy, ahora declarado persona non grata. Entonces, hizo referencia a un asilo diplomático ante “una situación de inseguridad” y peligro de “su integridad”.
Al día siguiente, el 9 de diciembre, Maximiliano Reyes, Subsecretario para América Latina y el Caribe en Secretaría de Relaciones Exteriores de México, envió un documento Adán López, exsecretario de la Gobernación mexicana. El petitorio de este oficio varió a “asilo político”.
En uno de los últimos párrafos, Reyes mencionó que su despacho lo consideraba favorable al adjuntar una “valoración política” de lo ocurrido en Perú, que, rigor, expresa que el golpe de Estado no es más que “una interpretación” de varios sectores.
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