El fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, designó hoy a la abogada Raquel Cárdenas Manrique como la nueva coordinadora del equipo especial de fiscales que investiga las más de 60 muertes ocurridas durante las protestas sociales contra el gobierno de Dina Boluarte entre diciembre del 2022 y enero del año pasado.
En la resolución publicada en el diario oficial El Peruano se da cuenta que Cárdenas ocupará el cargo que Jorge Chávez Cotrina, fiscal superior y coordinador de las Fiscalías Especializadas Contra la Criminalidad Organizada, ostentaba de manera provisional desde el 15 de diciembre tras la salida de la fiscal Marena Mendoza.
Marena Mendoza era un personaje cercano a la suspendida exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien la había empoderado durante su gestión al encargarle diversas tareas como liderar el equipo del caso Lava Jato y contra la corrupción del poder tras las destituciones de los fiscales superiores Rafael Vela y Marita Barreto, respectivamente.
La fiscal Raquel Cárdenas tendrá a su cargo, además, la coordinación de la Fiscalía Superior Penal Nacional y Fiscalías Penales Supraprovinciales Especializadas en Derechos Humanos e Interculturalidad.
Pidió prisión para Fujimori y logró condena contra exagente del Ejército
Antes de que fuera colocada como la nueva coordinadora del equipo especial que indaga sobre los responsables políticos, militares y policiales de las muertes en las manifestaciones antigubernamentales contra Dina Boluarte, la fiscal Raquel Cárdenas estaba destacada en la Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad.
Precisamente, ese despacho solicitó el 6 de diciembre del año pasado ante la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada que se dicte 18 meses de prisión domiciliaria contra el expresidente Alberto Fujimori tras ser liberado por orden del Tribunal Constitucional.
La disposición contra Fujimori, quien cumplía 25 años de prisión en el penal de Barbadillo por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, se enmarca por el caso Pativilca.
El exdictador es procesado por los presuntos delitos de homicidio calificado y asociación ilícita en la muerte de los comuneros John Calderón Ríos, Toribio Ortiz Aponte, Felandro Castillo Manrique, Pedro Agüero Rivera, Ernesto Arias Velásquez y César Rodríguez Esquivel, quienes fueron secuestrados, torturados y asesinados por el Grupo Colina a inicios de 1992.
En este asunto no solo está involucrado Fujimori, sino también su exasesor Vladimiro Montesinos, el excomandante general del Ejército, Nicolás Hermoza Ríos; Carlos Pichilingue Guevara, jefe administrativo del grupo Colina; Santiago Martín Rivas, entre otros.
El 4 de enero pasado, el expresidente solicitó ante el Poder Judicial que se aplique el indulto restituido por el TC y se archive el caso Pativilca.
De otro lado, en el legajo de la fiscal Raquel Cárdenas también se destaca que logró una condena de 12 años de prisión efectiva y el pago de una reparación civil de S/ 50 000 contra Carlos Rengifo Salinas, exagente de inteligencia del Ejército, por el delito de violación sexual agravada en perjuicio de M. M. M. B., ocurrido a su salida de la Universidad Nacional La Cantuta el 31 de octubre de 1992.
En este caso, Cárdenas demostró con pericias e informes médicos la responsabilidad del agente militar. Además, se apoyó en los testimonios de más víctimas que eran trasladadas a la sede de la Primera División de Fuerzas Especiales de la Oficina de Inteligencia (G2) del Ejército, ubicada en Las Palmas, Chorrillos, para ser torturadas.
Denunciada
No obstante, un dato no menor es que la nueva coordinadora del equipo fiscal que indaga sobre las muertes en las protestas contra Dina Boluarte fue denunciada por una presunta falta administrativa por el ciudadano Oscar Hugo Gratelli Tuesta debido a que habría incurrido en irregularidades en la tramitación de la investigación a su cargo, por el delito de feminicidio en agravio de su hija Nuria Audred Gratelli Celis el 12 de diciembre del 2019.
En el escrito se menciona que la fiscal Raquel Cárdenas “desde la fecha de ocurridos los hechos materia de investigación, hasta cuando interpuso la presente denuncia, no se habría realizado las diligencias urgentes y necesarias para el esclarecimiento de los mismos”.
La magistrada de la Junta Nacional de Justicia, Imelda Tumialán, mencionó en el documento que el caso de Cárdenas debía ser derivada a la Fiscalía Suprema de Control Interno (ahora Autoridad Nacional de Control) del Ministerio Público “a efectos que proceda conforme a sus atribuciones, debiendo informar trimestralmente a esta sede sobre la investigación y el resultado de la misma, de ser el caso”.
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