La defensa legal de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, anunció este lunes que denunciará al Ministerio Público por no permitirle acceso a la documentación sobre los cargos que le imputan a su patrocinada en la investigación abierta por conformar una presunta red dedicada al tráfico de influencias.
En una entrevista difundida por RPP, el abogado Juan Peña precisó que interpondrá la queja ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el máximo órgano de gobierno de la judicatura, y una tutela de derechos en el Poder Judicial y la Autoridad Nacional de Control (ANC) de la Fiscalía.
El letrado mencionó, de igual modo, que se enteró de la pesquisa a raíz de una resolución difundida el último viernes en el boletín de Normas Legales de El Peruano, que encargó esta carpeta a la fiscal suprema Delia Espinoza.
Recientemente reincorporada al Ministerio Público tras su paso por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Espinoza también tiene autorización para procesar penalmente a jueces y fiscales de todos los niveles que operaron para la presunta red en la cúpula fiscal.
“Por una resolución de El Peruano tomamos conocimiento de que la doctora Delia Espinoza tiene una investigación en contra de la doctora Benavides, ante lo cual presentamos un escrito de apersonamiento para hoy día tomar lectura de la carpeta y saber los cargos que se le imputan”, declaró Peña en la emisora.
“Sin embargo, nos han dicho que no podemos tomar acceso a la carpeta fiscal porque recién van a proveer los escritos de apersonamiento, lo cual contradice lo que dice el artículo 70 del Código Procesal Penal, que los investigados o imputados tienen derecho fundamental a tomar acceso a la información de los cargos que se le imputan”, agregó.
El equipo especial anticorrupción del Ministerio Público, a cargo de la magistrada Marita Barreto, acusa a esta presunta organización de influir “ilícitamente en decisiones de congresistas” para la destitución de los miembros de la JNJ, la designación del actual defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, y la inhabilitación de la ex fiscal general Zoraida Ávalos.
En en este caso, denominado ‘La fiscal y su cúpula de poder’, también habrían tenido alguna participación los fiscales Marco Huamán y Raúl Dulanto, así como las juezas María Vidal (presidenta de la Corte de Lima) y Jacqueline Tarrillo (jueza que emitió dos medidas cautelares a favor de Benavides).
Los otros implicados son los exasesores Miguel Girao, Jaime Villanueva y Abel Hurtado; el jefe de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público, Juan Fernández Jerí; el exministro de Salud aprista, Hernán Garrido Lecca; la esposa del fiscal Ricardo Dulanto, Claudia Ruíz Mesías; y el abogado José Luis Hauyón.
“Cacería política”
En un video difundido a varios medios, Benavides aseguró el último viernes que la investigación abierta a su entorno constituye una cacería política. “Jamás, en mis 28 años de carrera, he pisoteado los derechos fundamentales de ninguna persona. Por ello, aún como fiscal suprema y sobre todo como ciudadana, peruana exijo a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) respeto al debido proceso”, señaló.
La suspendida fiscal denunció, además, que la JNJ no ha hecho “ningún acto de investigación”, que no cuentan con testigos y solo disponen de los “documentos que, seguramente, le esté entregando los fiscales a cargo de la señora Marita Barreto”, jefa del equipo anticorrupción.
“Si esto fuese verdad, sería gravísimo, porque fueron obtenidos sin la mínima garantía [...] Me he defendido con los instrumentos regulados en la Constitución y los códigos especiales. Voy más de un mes dentro de un procedimiento disciplinario denominado inmediato [...] sin una sola prueba directa o indirecta en mi contra”, concluyó.
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