Esta noche, el Poder Judicial dio a conocer que rechazó revisar de oficio el pedido de Pedro Castillo sobre su prisión preventiva de 36 meses por los presuntos casos de corrupción que se enquistó en su gobierno. De esta manera, el expresidente de la República continuará en el penal Barbadillo, donde cumple con dos resoluciones en su contra.
Esta decisión se produce en el contexto de una investigación donde Castillo es señalado por delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias. Como se recuerda, el exmandatario es acusado por haber liderado una organización cuando llegó a Palacio de Gobierno.
“DECLARAR INFUNDADA la revisión de oficio de la prisión preventivo dictado contra el imputado José Pedro Castillo Terrones y, consecuentemente, se declara la vigencia de la medida de prisión preventiva por el plazo de treinta y seis meses dictada por este Juzgado Supremo mediante Resolución N°3 de 09 de marzo de 2023″, se lee en la resolución.
El juez Juan Carlos Checkley del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria ha indicado que las investigaciones en curso en Petroperú S.A., Provias, y el Ministerio de Vivienda representan un caso complejo. Debido a ello, ha expresado preocupaciones sobre la posibilidad de fuga y la potencial obstrucción en las investigaciones por parte del implicado.
Casos de corrupción
Las investigaciones se centran en posibles actos ilícitos relacionados con irregularidades para el nombramiento dentro de las Fuerzas Armadas, así como en la presunta participación de Castillo y su entorno cercano en esquemas de corrupción para el favorecimiento en licitaciones de obras públicas y la contratación de personal en el Estado.
- Ascensos en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional: Se alega que hubo irregularidades y tráfico de influencias en los procesos de ascenso. Por estos presuntos actos habría recibido un monto económico.
- Caso de Puente Tarata III: Se investigan posibles actos de corrupción en la adjudicación de la obra a un consorcio de empresas específico, donde se involucra a dos exministros de Vivienda.
- Intervención en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones: Se le acusa de posible injerencia en la selección de proveedores y en procesos de contratación pública.
- Involucramiento de familiares y allegados: Se han producido denuncias sobre la presunta participación de familiares y allegados del presidente en actos de corrupción y tráfico de influencias.
- Caso “Los Niños”: Involucra a un grupo de personas cercanas a Castillo, quienes supuestamente operaban para influir en actos de gobierno y decisiones administrativas.
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