El líder de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña, y los legisladores de la bancada que habían respaldado la propuesta de su colega Roberto Chiabra para restar competencias a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) se desmarcaron este miércoles de esta propuesta que buscaba otorgar al Congreso la facultad de destituir a jueces y fiscales supremos.
En una rueda de prensa, el también gobernador de La Libertad calificó que la medida fue presentada “a título personal” y que no cuenta con el apoyo de los parlamentarios. “No creo que los 130 congresistas avalen un proyecto que prácticamente no genera institucionalidad. Creo que debemos defender la institucionalidad, la democracia y la estabilidad en el país”, señaló.
El secretario general de APP, Luis Valdez, también se distanció de la idea y afirmó que nunca ha sido discutida dentro de la agrupación, pese a que incluyó las firmas del portavoz de la bancada, Eduardo Salhuana, y otros diputados como Magaly Ruiz, Idelso García, Cheryl Trigozo y Nelcy Heidinger.
El vocero también remarcó que Chiabra es un “invitado” y no militante del partido, y que su proyecto no representa a la tienda política. “No asumimos este proyecto como de APP, primero porque nunca ha sido socializado ni presentado por nuestra bancada y segundo yo creo que, en nuestro sistema de pesos y contrapesos políticos, no pueden estar en manos del Parlamento, es tipo de procedimientos y ahí viene el tema de institucionalidad”, señaló.
Después de estas críticas, el congresista retiró el proyecto que proponía, de igual modo, que el presidente del Poder Judicial y el fiscal de la Nación sean los magistrados supremos con mayor antigüedad en el cargo, y que ya no sean elegidos por la Sala Plena de la Corte Suprema y la Junta de Fiscales Supremo, respectivamente.
El texto también planteaba que, una vez que los titulares de ambas instituciones culminaran sus mandatos, sean cesados de su cargo como pasa en el Ejército. Chiabra renunció a APP a mediados de 2022, tras la difusión de unos audios donde Acuña y Lady Camones, entonces presidenta del Congreso, concertaban presuntamente la aprobación de leyes. Tiempo después, evaluó su decisión y retiró su dimisión.
La difusión de estos registros llevó a la destitución de Camones por la existencia de “pruebas suficientes” de que recibía órdenes de Acuña, así como “por atentar contra la Constitución política” y los “principios rectores que caracterizan” a la democracia y el orden constitucional. Posteriormente, el Ministerio Público abrió una investigación preliminar por presunto tráfico de influencias.
En esta jornada, durante su participación en la ceremonia de Apertura del Año Judicial, la presidenta Dina Boluarte remarcó que “conservar la autonomía del Poder Judicial es indispensable” para asegurar la separación e independencia de poderes en su país.
La mandataria agregó que, por ese motivo, el Ejecutivo ha decidido ampliar el presupuesto del Poder Judicial, con el objetivo de que se puedan implementar los planes de modernización y eficiencia planteados por sus autoridades. También detalló que el Gobierno ha incluido en el presupuesto judicial de este año más de 3.600 millones de soles (970 millones de dólares), un monto que implica un incremento de 7 % respecto de 2023.
“Este Gobierno siempre tendrá la voluntad de atender los requerimientos adicionales del Poder Judicial para fortalecer su desempeño en beneficio del país. La justicia que tarda no es justicia”, acotó.
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