Durante el último día de 2023, más de 200 fiscalizadores de la Municipalidad de La Victoria y 70 serenos de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho recibieron la sorpresiva noticia de su despido. En ambos casos, los trabajadores se enteraron de forma repentina, algunos a través de mensaje de WhatsApp en plenas celebraciones por Año Nuevo y otros al intentar acceder a su centro laboral.
Los fiscalizadores cesados, que supervisaban zonas importantes como el Emporio Comercial de Gamarra y otros sectores del distrito, expresaron que la culminación de sus contratos no fue comunicada adecuadamente. Según una de las afectadas, existía un compromiso del alcalde que no se ha respetado, a pesar de haber trabajado intensamente durante la campaña navideña. Además, informó que hay personal que aún no ha recibido su remuneración de noviembre y diciembre.
Miguel Ángel Cornejo, también fiscalizador, enfrentó una barrera de efectivos policiales que le impidieron ingresar al local, y relató las lesiones físicas sufridas durante su labor intensificada por la escasa dotación de personal en diciembre.
“Yo vine como todos los días a trabajar, pero me doy con la sorpresa que hay una fila de efectivos policiales que no nos dejan ingresar al local. Yo no estaba enterado que me había quedado sin trabajo, porque pertenezco a otro grupo”, relató a TV Perú el denunciante, quien llegó a la base de Fiscalización en La Victoria con sus demás compañeros para protestar.
La respuesta de la Municipalidad de La Victoria
En conversación con TVPerú, el gerente municipal de La Victoria, Enrique Ocrospoma, argumentó que los desempeños de los trabajadores no satisfacían los estándares requeridos, por lo que se tomó la decisión de separarlos.
“Ninguno ha cumplido su labor correctamente. Por ejemplo, una persona se iba y dejaba abierta la puerta asignada, los ambulantes entraban como Pedro en su casa. No han cumplido su trabajo a cabalidad”, señaló.
Para suplir las funciones de fiscalización, la autoridad mencionó que ya se han incorporado 60 licenciados del Ejército, quienes en colaboración con la Policía, se han distribuido para monitorear las entradas y velar por el orden en el damero A, además de otros puntos estratégicos del distrito.
Por otra parte, la Municipalidad de San Juan de Lurigancho todavía no se ha pronunciado con respecto a las denuncias de los extrabajadores.
Caso similar en SJL
Por otro lado, en San Juan de Lurigancho, los serenos denunciaron que se vieron afectados por despidos súbitos en medio de una situación de emergencia por alta criminalidad en el distrito. Algunos de ellos han sugerido que esta decisión por parte de las autoridades municipales podría ser en represalia por haber reclamado medidas de seguridad tras la muerte de dos colegas en octubre.
Bryan Rivas, uno de los afectados, resaltó para Radio Nacional que su contrato carecía de fecha de terminación, por lo que considera una total injusticia la decisión tomada por parte del alcalde del mencionado distrito, Jesús Maldonado.
“Me están despidiendo solamente por levantar mi voz de protesta y pedir que se implementen dos chalecos antibalas luego que dos compañeros fueron asesinados. Ya tengo tres años de servicio en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho”, mencionó el exsereno en los exteriores de la Base de Seguridad Ciudadana en la avenida Próceres de la Independencia de SJL.
Del mismo modo, otro trabajador reveló que fue apartado de su puesto a pesar de contar con un contrato de duración indeterminada. Narró las dificultades y riesgos a los que se enfrentó en su jornada laboral, ya que fue agredido físicamente por delincuentes.
También destacó que los conductores suelen trabajar en horario nocturno, lo que incrementa significativamente los riesgos para su integridad. Denunció que, a pesar de estas circunstancias, no reciben apoyo alguno de las autoridades y, adicionalmente, se les ha negado el acceso a sus lugares de trabajo.
Dejaron granada y arreglo fúnebre en casa del alcalde de La Victoria
Cabe mencionar que hace unas semanas, el alcalde de La Victoria, Rubén Cano Altez, fue objeto de graves amenazas de muerte, presuntamente por bandas criminales vinculadas a la extorsión en el emporio de Gamarra.
Un arreglo floral con un mensaje intimidante y una granada de mano encontrada en las cercanías de su residencia, incrementaron la preocupación por la seguridad del burgomaestre y su familia. Cano hizo un llamado a la presidenta Dina Boluarte y al ministro del Interior, Víctor Torres, para trabajar conjuntamente contra la delincuencia organizada que azota al distrito.
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