La Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero ha programado una serie de eventos para rememorar el primer año tras la muerte de 18 civiles, entre ellos tres menores de edad, por armas de fuego en protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Estas actividades tendrán lugar entre el 7 y el 10 de enero, en las ciudades de Juliaca y San Miguel. Los actos incluirán las siguientes actividades:
- Izamiento de banderas a media asta
- Embanderamiento con banderas negras
- Exposición de cerámicas
- Exhibición de wiphalas
- Recitales de poesía
- Vigilia en memoria de los mártires
- Cacerolazos y más
El programa inicia con la referencia simbólica al luto nacional y a la reivindicación de justicia por las víctimas. El 8 de enero, se suma una conferencia de prensa y diversas formas de expresión cultural como la exposición de cerámicas, poesías y la presentación de libros. Se destaca además una movilización en el centro de la ciudad el 9 de enero, junto con rituales religiosos y musicales, y homenajes en los cementerios donde descansan los fallecidos.
Por otro lado, organizaciones sociales como el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación de Perú (Sutep) anuncian su participación en las marchas y en una reunión crucial para deliberar sobre un posible paro. Las exigencias claves incluyen justicia por las muertes ocurridas y la renuncia de la presidenta Boluarte. Se espera que representantes de diferentes sectores de la provincia de San Román contribuyan a las discusiones sobre las medidas a seguir.
El 9 de enero se ha informado que diversas delegaciones de provincias se congregarán en Juliaca para sumarse a las conmemoraciones organizadas. Estas actividades no solo servirán para recordar a las víctimas, sino también para reiterar las peticiones de cambio y atención a las demandas sociales que han estado en el centro del descontento popular.
¿Qué sucedió el 9 de enero y por qué se le llama la ‘masacre en Juliaca’?
Aquel 9 de enero, en Juliaca, efectivos policiales comenzaron a disparar indiscriminadamente contra los manifestantes para ‘dispersarlos’. Los ciudadanos puneños ejercía su derecho de marchar contra el régimen de Boluarte. Sin embargo, la represión policial superó los límites permitidos y disparó al cuerpo de 17 personas, tres de ellos eran adolescentes, que no eran parte de las protestas.
Entre las víctimas se encontraban Elmer, Yhamilet y Bryan, tres adolescentes de 15 y 17 años, abatidos en lo que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) ha denominado ejecuciones extrajudiciales.
Bryan A., uno de los fallecidos, no participaba en las protestas y fue alcanzado por una bala al salir de una cabina de internet. Sus padres han clamado por justicia, destacando la alegría y los sueños truncados de su hijo como futuro policía. La conmoción familiar se repite en varios hogares de Puno, aumentando la presión sobre las autoridades para que se alcance una resolución justa en el caso
Un año después del enfrentamiento en Juliaca, las investigaciones avanzan a paso lento, lo indicó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una sesión del pasado viernes 10 de noviembre, para evaluar si el Gobierno de Dina Boluarte ha seguido las recomendaciones que dieron en el marco de las protestas sociales.
La falta de avances en la investigación ha generado alarma entre organizaciones de derechos humanos y los familiares de las víctimas. Mar Pérez, abogada asociada con la Cnddhh, ha resaltado la gravedad de los hechos que apuntan a crímenes imprescriptibles según el derecho internacional. En contraste, el gobierno de Dina Boluarte no ha efectuado reconocimiento alguno de los sucesos, mientras en Juliaca la población rendía homenaje a las víctimas que hoy son vistas como mártires de la región