¿Existe un plan para enfrentar la criminalidad? Expertos analizan qué le espera al Perú en la lucha contra la delincuencia

Las imágenes más comunes que pueden representar a la delincuencia en el país en la actualidad son las de un extorsionador atacando con una granada un local comercial, amenazando la seguridad de familiares de cantantes de cumbia, secuestrando niñas o directamente asesinando a una persona a sangre fría en eventos sociales, deportivos, conciertos o incluso frente a decenas de personas en el patio de comidas al interior de un centro comercial.

Si bien todos estos hechos, además de los robos al paso y el incremento de la presencia del crímen organizado, como es el caso de mafias locales o incluso el Tren de Aragua, eran ya un problema, que estos ocurran durante un estado de emergencia decretado por el gobierno eleva la indignación de la ciudadanía que solicita soluciones urgentes para volver a sentirse cómoda saliendo de sus casas o llevando de paseo a sus hijos.

Si bien desde el año 2022, con el presidente Pedro Castillo al mando del Ejecutivo, el problema de la inseguridad era evidente para la ciudadanía; la presidenta Dina Boluarte continuó con una estrategia en la que se declara en emergencia a diferentes distritos y ciudades del país en los que la delincuencia es alta.

Para julio de este año, una encuesta realizada por CPI indicaba que el 46.4% de la ciudadanía consideraba que la delincuencia era el problema principal al que se debería enfrentar la presidenta Boluarte.

La primera medida fue anunciada durante su discurso por Fiestas Patrias en el Congreso de la República y, acompañada con la frase “no queremos ver más ‘malditos Cris’ en las calles”, en alusión a un conocido sicario quien fue abatido en un enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional del Perú, la presidenta anunció un pedido de facultades para legislar en materia de seguridad ciudadana por 120 días, implementación de cárceles, además de crear una central de emergencias unificada (911) que ya está en ejecución.

Durante una entrevista en exclusiva con Infobae Perú, el exdirector general de la Policía, Eduardo Pérez Rocha, indicó que la idea de la presidenta Dina Boluarte de controlar la delincuencia por medio de las declaraciones de estados de emergencia y posteriores ampliaciones, es un intento populista de enfrentar el problema de la delincuencia en el país. Además, responsabilizó tanto a la Policía Nacional como al Ejército por la poca eficiencia de la implementación de estos procedimientos.

“El problema principal es que no hubo algo planeado para reducir el nivel de la delincuencia”, indica Pérez Rocha. El general también indicó que aún cuando estos decretos supremos se han emitido; como encargada del orden interno, es la PNP quien está encargada de coordinar con las Fuerzas Armadas los puntos estratégicos donde se requiere su apoyo. Sin embargo esto no se estaría dando.

Para el experto, la poca efectividad que tendrían estas medidas temporales sería responsabilidad de los altos mandos de ambas instituciones más que del titular del Ministerio del Interior, lo cual no significa que esté libre de toda responsabilidad al ser el líder del sector.

Por su parte, el sociólogo Frank Casas conversó con Infobae Perú y afirmó que la exposición de la ciudadanía a estados de emergencia genera que las personas consideren a sus vecinos como potenciales sospechosos. “Es así como la interacción con ellos desaparece y se rompe el tejido social de pertenencia y comunidad”. Además indicó que se produce un fenómeno de retroalimentación durante el periodo de vigencia de estos decretos supremos.

“El estado de emergencia genera que se aumente la percepción de inseguridad, lo cual ocasiona que se vea al propio estado de emergencia como una necesidad, y así se genera un círculo vicioso de inseguridad (...) el estado de alerta no va a solucionar el problema de la inseguridad por sí solo”, aclaró Casas para Infobae Perú.

Pese a que en general el estado de emergencia ha probado ser una táctica poco eficiente para abordar la problemática de la delincuencia y la inseguridad ciudadana, los ciudadanos de algunos distritos como Pachacamac, San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres se organizaron entre los meses de septiembre y octubre para marchar de forma independiente y solicitar la declaratoria de estos territorios en emergencia ante el aumento en su percepción de inseguridad.

Aunque la ciudadanía en el Perú sea la más interesada en que la inseguridad se reduzca debido al impacto social y económico que esta tiene en ella, los ciudadanos extranjeros también se han visto involucrados en la discusión con respecto a esta problemática pues organizaciones criminales como el Tren de Aragua, que ahora tiene presencia en el país, también afecta a la imagen que se tiene sobre la comunidad extranjera y en particular en migrantes venezolanos o de otros países latinoamericanos.

Según Pérez Rocha, la situación en la que se encuentra actualmente la comunidad extranjera es producto de una actitud populista por parte del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, que hizo alusión a los criminales extranjeros hace varios meses, durante una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno en abril.

En su declaración a la prensa, la mandataria indicó que “quienes cometen a diario asaltos, robos y demás actos delincuenciales son extranjeros (...) Han entrado (al Perú) 800.000 venezolanos, otros tantos haitianos, y son los que lamentablemente están cometiendo estos actos (...) Por eso tenemos que hablar casi al unísono de migraciones con inseguridad ciudadana”.

Además de no tener prueba alguna que demuestre de forma enérgica que su argumento es correcto, el sociólogo indicó que aún si se expulsase a los delincuentes de otros países la inseguridad se mantendría en niveles similares pues “no es que (la criminalidad) se haya originado con la migración. Tenemos más de 60 años con narcotráfico (...) los peruanos en otros países de Europa también son víctimas de este tipo de tratos”.

En ese sentido, Casas indicó que la presidenta Boluarte estaría buscando antagonizar a una comunidad que le permita “enmascarar algo que no tiene idea de cómo abordar. Se está utilizando a estos ciudadanos de forma política”. Además aseguró que las políticas de mano dura o autoritarias tampoco son efectivas pues actualmente el gobierno “no tendría capacidades ni estrategias para resolver el problema (de la inseguridad)”.

Pese a que la criminalidad y la sensación de inseguridad van en aumento, tanto Pérez Rocha como Casas coinciden en que es posible resolver el problema pero no si se ataca únicamente a los criminales luego de que cometen delitos.

De hecho, el sociólogo considera que la prevención del delito es aún más importante pues “se tiene que abordar todas las causas económicas, las causas sociales, etc. que generan estas manifestaciones delictivas”. Sin embargo, es importante considerar que estas acciones, de llevarse a cabo, harán efecto en varios años.

Para efectos de resolver el problema de forma gradual, pero efectiva, año a año, Pérez Rocha indica que una institución clave es el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) y que tiene como función la elaboración de planes de cinco años de duración para atender el problema de la inseguridad. Sin embargo, actualmente considera que no está siendo efectivo y, en la práctica, “dejó de ser útil”.

El exgeneral aseguró que, durante su etapa como Secretario Técnico de esta institución entre los años 2010 y 2012 se hicieron planes anuales para gestionar correctamente estos problemas. Sin embargo, a partir del año 2013 estas estrategias se comenzaron a redactar de forma quinquenal. El problema de ello es el siguiente: el plan elaborado para el periodo 2019-2023 acaba en diciembre y aparentemente no habría un documento redactado con el plan para el periodo 2024-2028.

Rocha considera que para mejorar esta situación, el Conasec tendría que retornar a sus costumbres previas, aquellas que fueron modificadas con la llegada del presidente Pedro Pablo Kuckynski en el año 2016:

• Planes de acción anuales en lugar de incluir periodos de cinco años.
• Reuniones de todos los integrantes del Conasec de forma mensual en Palacio de Gobierno, pues actualmente solo se hacen cuatro sesiones anuales.
• Retorno de la presidencia del Conacec al Presidente de la República en lugar de que esté a cargo del Presidente del Consejo de Ministros.

De esta forma, sería posible que la presidenta Boluarte entre más en contacto con la realidad que atraviesan millones de peruanos vulnerables ante la inseguridad ciudadana en lugar de trasladar la responsabilidad a los medios de comunicación que, según ella, deberían hacer “más preguntas positivas con respecto a los proyectos que impulsa su gestión.