Seguridad policial a Manuel Merino costó más de 277 mil soles al Estado: 10 agentes lo cuidan pese a que estuvo 5 días en el cargo

Aunque el periodo de Manuel Merino a cargo de la Presidencia del Perú luego de la destitución del presidente Martín Vizcarra fue de apenas cinco días, el excongresista de Acción Popular recibe actualmente el resguardo de hasta 10 agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes están a su disposición debido a lo establecido en el Decreto Supremo N° 004-2022-IN.

Dicho Decreto Supremo indica que los exmandatarios les corresponde el derecho a contar con “protección Semi integral” por un periodo de cinco años. Esto implica que los agentes de la Policía Nacional del Perú estarán dedicados a dar protección permanente a Merino únicamente dentro del territorio nacional. Su vivienda también estará resguardada y se excluye de este beneficio a su esposa, padres e hijos, además de su centro de trabajo actual.

Una vez que se cumplan los cinco años de vigencia de este tipo de protección para el excongresista, Merino pasará a tener un régimen de seguridad y protección personal, un nivel al que tienen acceso otros funcionarios como congresistas, miembros del Tribunal Constitucional, miembros de la Junta Nacional de Justicia, gobernadores regionales, entre otros servidores públicos que también están incluidos en el documento oficial.

Según un informe elaborado por El Comercio, la protección específica para el excongresista Merino le costó al Estado un total de 277.962 soles entre mayo del año 2021, cuando ingresó a este régimen de protección, hasta el mes de octubre del año 2023. Esto implica un gasto aproximado de 9.233 soles al mes solo en concepto de movilidad de los efectivos y su racionamiento, pues el salario de cada uno de ellos es responsabilidad de la Policía Nacional del Perú.

Luego de la destitución del expresidente Martín Vizcarra por parte del Congreso en el año 2020, por sucesión constitucional, quien debía tomar el cargo era el Presidente del Poder Legislativo, quien en ese entonces era Manuel Merino. Sin embargo, debido a que la ciudadanía consideraba que el proceso en contra del mandatario era injusto y se trataba de un intento por tomar el poder, se convocaron a marchas a nivel nacional en contra de su ascenso.

En ese contexto, Merino, quien juró en el cargo el 10 de noviembre de ese año, inició su breve mandato en medio de un clima de crispación social agravada además por la crisis sanitaria que vivía el Perú a causa de la llegada del covid-19.

El día 14 de noviembre del año 2020 se produjo en Lima una de las marchas más grandes en contra de su régimen, quien en ese momento era acusado de incrementar de forma desproporcionada la represión de las fuerzas policiales en contra de los manifestantes. Esa noche fallecieron Jordan Inti Sotelo Camargo (24) y Jack Bryan Pintado Sánchez (22), quienes fueron alcanzados por perdigones de plomo disparados a sus cuerpos por parte de agentes de la Policía Nacional.

En el quinto día de su régimen y sobrepasado por la indignación ciudadana, que pedía justicia por las muertes de los jóvenes, Merino emitió un mensaje a la nación el 15 de noviembre en el que anunciaba su renuncia a la Presidencia del Perú. “Correspondía al Presidente del Congreso de la República (él) asumir el más alto cargo de nuestro país y lo hice con humildad, responsabilidad y honor. Fue un reto que acepté y no busqué”, indicó.

“En este momento, donde el país atraviesa una de las más grandes crisis política, quiero hacer de conocimiento a todo el país que presento mi renuncia irrevocable del cargo de Presidente de la República e invoco a la paz y a la unidad de todos los peruanos”, afirmó en su último mensaje.

A raíz de los hechos, durante las protestas del 14N, tanto Merino, como sus ministros Ántero Flores-Aráoz (PCM) y Gastón Rodríguez (Mininter), además de un conjunto de 11 oficiales de la Policía Nacional, fueron investigados por el Ministerio Público por delitos como abuso de autoridad, homicidio agravado, lesiones graves y leves, desaparición forzada en el contexto de violación de derechos humanos.

Sin embargo, en julio del año 2022 la Fiscalía decidió suspender la investigación contra el excongresista por las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado luego de un fallo de la Segunda Sala de Apelaciones Nacional del Poder Judicial que indicó que el caso “no tiene ninguna relevancia pública”.