El ministro de Justicia, Eduardo Arana, afirmó este martes que el indulto otorgado al exdictador Alberto Fujimori (1990-2000) es un tema concluido para el Gobierno y ya “no se ha vuelto a tocar” en los Consejos de Ministros que preside la jefa de Estado, Dina Boluarte.
En una entrevista difundida en RPP, el titular detalló que su despacho ha solicitado al Tribunal Constitucional (TC) el expediente que desencadenó la excarcelación de Fujimori en diciembre pasado, de cara a una futura respuesta que el Ejecutivo enviará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por declarar al Perú en desacato.
“Vamos a responder con las armas de derecho nacional e internacional, y vamos a explicar las razones del Estado peruano por las cuales hemos tomado la decisión que se ha adoptado. Creemos que estas decisiones están ajustadas a la Constitución, a la ley y a los tratados internacionales”, remarcó.
“Desde luego, no es el momento para poder explicarlo, pero tenemos plazo hasta el 4 de marzo del 2024 para poder expresar la respuesta. Todo este mecanismo de pedir información es solo con el propósito para tener los elementos de juicio para responder a la Corte IDH”, añadió.
Arana mencionó que, hasta el momento, la administración de Boluarte “solo tiene la notificación” del TC sobre la liberación de Fujimori, quien cumplía una pena de 25 años de cárcel por las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos.
“Para verificar el contenido, para analizar cómo ha sido el proceso, hemos pedido la copia del expediente, y así vamos a solicitar a todas las entidades [...]. Yo no le puedo decir a la Corte que ‘solo tengo la notificación’, entonces debo conocer todo el proceso. En virtud de eso, emitiremos una opinión. Es un tema muy sencillo y no compromete a nada”, aseguró.
El tribunal internacional había ordenado al Perú no dejar en libertar al exdictador como parte del cumplimiento de las sentencias de los casos por los que fue condenado; sin embargo, Fujimori salió de prisión en cumplimiento de un fallo del TC que restituyó los efectos de la gracia otorgada en 2017 el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.
Junto con Nicaragua, Perú es el segundo país que la Corte IDH ha declarado en desacato en los últimos años, después de un pedido del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organización que representa a víctimas de violaciones de derechos humanos de La Cantuta y Barrios Altos.
Posterior a la liberación de Fujimori, Arana y el canciller Javier González Olaechea ratificaron su adhesión a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (conocido como Pacto de San José) y consideraron que “no ha existido desacato” porque las sentencias contra Fujimori fueron ejecutadas en su momento.
Sin embargo, la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) invocó a la comunidad internacional fijar sus ojos en Perú por avalar una decisión que, bajo su óptica, ha instalado un escenario similar a las dictaduras de Nicaragua y Venezuela.
Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas del organismo, indicó que la puesta en libertad del político octogenario implica un “grave desconocimiento de las obligaciones internacionales” y “es una bofetada a las víctimas de atrocidades” de su régimen.
“Perú ha liberado a Fujimori sobre la base de un indulto humanitario que presenta vicios y en contra de las órdenes del principal tribunal de derechos humanos de las Américas. La decisión [lo] coloca junto a Nicaragua y Venezuela como países que contravienen el sistema interamericano de derechos humanos. La comunidad internacional debe presionar al gobierno para que cumpla con sus obligaciones internacionales, incluidas las decisiones de la Corte Interamericana”, señaló la abogada y politóloga colombiana.
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