Líderes indígenas asesinados este 2023: muertes injustas de defensores ambientales sin protección del Gobierno peruano

Según una investigación de la ONG internacional Global Witness, Perú es el cuarto país en el mundo con la mayor superficie de bosques tropicales, situándose detrás de naciones como Brasil, la República Democrática del Congo e Indonesia. Este dato aún prueba la riqueza ecológica del territorio nacional y el potencial que tiene en la conservación de la biodiversidad a nivel mundial.

Pues, los bosques tropicales no solo producen oxígeno, sino que contribuyen directamente en la lucha contra el cambio climático, la preservación de especies, la purificación del aire y el almacenamiento de carbono, además de cumplir una función vital para los pueblos originarios que los habitan. En ese sentido, el país se constituye como un actor esencial en los esfuerzos internacionales para la protección y manejo sostenible de los bosques.

Sin embargo, esta misión es cada vez más difícil de cumplir, ya que —a nivel global— el Perú se encuentra dentro de la lista de los 10 países más peligrosos para las personas defensoras de derechos humanos, incluyendo a líderes indígenas y defensores ambientales, en su lucha por asegurar la vida de la tierra, especialmente la región amazónica peruana.

Todo mientras la crisis climática demanda una mayor protección del ambiente y los conflictos sociales sobre recursos naturales y los intereses económicos se mantienen en juego.

A pesar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha exhortado más de una vez al Gobierno peruano a cumplir con los estándares internacionales de protección a defensores de derechos humanos, entre 2014 y 2022, han ocurrido 42 asesinatos contra este grupo vulnerable, y más de la mitad de las muertes han tenido lugar en la Amazonía.

El documento publicado por Global Witness, señala que estos acontecimientos responden al avance de las economías ilegales, con especial mención en la invasión de tierras, la explotación ilegal de recursos naturales, la extracción de madera y el cultivo de hoja de coca en territorios indígenas.

Por ejemplo, hoy en día, esta última actividad amenaza gravemente a las comunidades indígenas kakataibo, shipibo-konibo y otras que viven y se desplazan a lo largo de los ríos Aguaytía, San Alejandro y Sungaroyacu, en los departamentos de Ucayali y Huánuco.

En un análisis de la periodista enfocada en temas de interculturalidad Luciana Zunino, publicado por el Instituto de la Naturaleza, Tierra y Energía de la Pontificia Universidad Católica del Perú (Inte-Pucp), la especialista en sociología política y del medio ambiente, Maritza Paredes, menciona que las comunidades indígenas de la Amazonía enfrentan un combate diario por su supervivencia debido a la presión creciente que sufren los bosques amazónicos por parte de economías ilegales.

En esa línea, la situación se complica aún más por la crisis judicial a nivel nacional y regional, además de la ineficaz implementación de los protocolos interculturales para garantizar el acceso equitativo a la Justicia, reconociendo y respetando la diversidad cultural, con el fin de asegurar la protección de los pueblos indígenas de acuerdo a sus necesidades.

Pero, en medio de esta realidad, hay otros efectos negativos que pasan desapercibidos y de los que poco se habla.

Según información consultada a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), organización vocera de 2.439 comunidades nativas amazónicas —donde viven más de 650 mil 000 hombres y mujeres indígenas—, en la última década, 32 defensores y defensoras indígenas han sido asesinados mientras protegían sus tierras de la invasión y las actividades del narcotráfico. Este conjunto de homicidios tuvo lugar entre los años 2013 y 2023.

En esa línea, volviendo al análisis de la periodista Luciana Zunino, dicha situación evidencia una serie de conflictos por la tenencia de tierras en regiones vulnerables donde las comunidades indígenas en la Amazonía se ven enfrentadas a una serie de desafíos que ponen en peligro su subsistencia, como resultado del choque entre la necesidad de acceso a servicios básicos y la expansión de actividades ilícitas.

En tal sentido, la fragmentación social se vuelve inevitable. Pues, la socióloga e investigadora Maritza Paredes sostiene que ante la escasez de oportunidades los ciudadanos que viven en tales contextos muchas veces se ven obligados a aceptar condiciones de vida que no se alinean con el desarrollo de sus comunidades.

Por ende, estas prácticas —frecuentemente impulsadas por las industrias extractivas, sectores corporativos, entre otros grupos— constituyen una amenaza para la estabilidad social y la integridad de los pueblos originarios.

Esto debido a que, más allá de afectar la sustentabilidad del ecosistema amazónico, impactan de manera constante en el reconocimiento y cumplimiento de los derechos fundamentales de las poblaciones indígenas, quienes viven expuestos a situaciones de violencia y vulnerabilidad permanente a raíz del interés latente de grupos económicos por explotar sus recursos.

Infobae Perú consultó con Aidesep datos para analizar más detalles acerca de los asesinatos cometidos hacia defensores indígenas durante 2013 y 2023.

Tras revisar la información, se observó que entre estos años, el 2020 se constituye como un periodo crítico para los pueblos indígenas, ya que registra el número más alto de muertes, con 8 fallecimientos, que ocurrieron entre las regiones de Junín, San Martín, Ucayali, Madre de Dios, Loreto y Huánuco.

En dichos departamentos se sitúan los territorios ancestrales de los pueblos indígenas Kichwa, Kakataibo, Asháninka, Nomatsiguenka, Yanesha y Kukama, los cuales se encuentran en una situación de alto riesgo por el avance de las economías ilegales conectadas al crimen organizado, tales como el narcotráfico, la tala y la minería ilegal.

Como resultado de ello, en 2020, perdieron la vida el líder indígena cacataibo Arbildo Meléndez Grandes; el líder asháninka Gonzalo Pío Flores; el defensor de los bosques Roberto Carlos Pacheco Villanueva; el dirigente indígena ashéninka Benjamin Rios Urimishi y el líder asháninka Mario Lopez Huanca. Sus muertes se habrían producido en manos de grupos vinculados a la tala ilegal, narcotráfico y tráfico de tierras.

Asimismo, están los comuneros kukama Cheminton Flores Crispin, William López Ijuma y Elix Ruiz Ortiz, quienes murieron baleados durante las protestas de agosto de 2020, en el Lote 95, en Loreto, cuando denunciaban que su calidad de vida era perjudicada debido a los daños ambientales y la contaminación acústica provocada por la actividad petrolera en la región amazónica. Y, también, el defensor de la naturaleza Lorenzo Wampagkit Yamil, guardaparque de la Reserva Comunal Chayu Nain ubicada en el departamento de Amazonas, exactamente en los distritos de Aramango, Imaza y Cajaruro.

Por otro lado, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) detalla que este año se han reportado cuatro asesinatos de defensores del territorio, de los cuales tres eran líderes indígenas: Santiago Contoricón Antúnez, Quinto Inuma Alvarado y Benjamín Flores Ríos.

Las organizaciones indígenas en el país trabajan arduamente en su rol de visibilizar la ilegalidad en sus territorios. Esto a pesar de las amenazas, numerosas demandas de titulación indígena sin resolver y un Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), que no cuenta con suficientes recursos para funcionar adecuadamente.

Además, se suma la falta de justicia en los crímenes contra líderes indígenas que se ha convertido en una preocupación creciente debido a las deficientes respuestas judiciales para sancionar a los culpables. Este panorama sombrío pone de manifiesto no solo la vulnerabilidad de estos defensores de derechos humanos y territoriales, sino también el abandono estatal y su ausencia en la intervención por la defensa de las comunidades.

Ante ello, la organización indígena se posiciona como único frente a través de sus comités de autodefensa, guardias, entre otros mecanismos de lucha, que, hoy en día, aún no son reconocidos por el Estado en algunos casos, pues, buscan establecer a la fuerza una relación de subordinación y no de colaboración con las comunidades.