Consejo de Prensa Peruana denuncia que ‘reglaje’ del Estado contra periodistas está en aumento

Al igual que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Consejo de la Prensa Peruana se pronunció esta semana sobre el presunto reglaje contra periodistas; el mismo que habría sido orquestado al interior del Ministerio Público y bajo la dirección de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

A través de un pronunciamiento, el CPP señaló que Fiscalía de la Nación se encuentra en el centro de la polémica tras una investigación que destapó el seguimiento y espionaje a los periodistas César Romero y Juan Carlos Tafur, de los medios “La República” y “Sudaca”.

Según detalla, esta vigilancia, que incluyó la videovigilancia de sus domicilios y seguimiento de sus movimientos, se extendió por un periodo de ocho meses.

Los hechos denunciados por diversas organizaciones nacionales e internacionales que abogan por la libertad de expresión han generado alarma sobre la libertad de prensa en el país.

Estos dos periodistas habían estado investigando el caso de corrupción ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, involucrando a fiscales y funcionarios del sistema de justicia peruano.

Patricia Benavides, quien fuera la fiscal de la Nación y actualmente se encuentra suspendida de sus funciones, habría incluido a Romero y Tafur como sospechosos en una investigación para justificar legalmente el seguimiento.

Hasta el momento, no se ha confirmado si otros profesionales de la prensa han sido objeto de estas prácticas de ‘reglaje’ o seguimiento, detalla el escrito.

El Consejo de la Prensa Peruana ha advertido que el Ministerio Público se está transformando en un serio agresor contra la prensa. Además, diferentes periodistas han señalado que la Fiscalía les ha exigido revelar sus fuentes e información, y en algunos casos, entregar evidencias de sus investigaciones sin contar con el debido proceso legal. Esto es especialmente recurrente en aquellos casos donde se investigan asuntos de corrupción.

Durante los recientes meses, otros periodistas han denunciado ser víctimas de seguimiento por parte del Ejército del Perú. Otros profesionales de la comunicación han alertado sobre este tipo de prácticas, las cuales son asociadas con regímenes autoritarios y dictaduras, subrayando la gravedad de estos hechos para la democracia y la libertad de prensa en el país.

En la víspera, Carlos Jornet, líder de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, rechazó la medida emprendida bajo la gestión de Benavides y aseguró que “se trata de un caso de abuso de poder de la fiscal de la Nación, que avaló investigaciones contra periodistas por su línea editorial crítica”.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación ante una propuesta legislativa en el Perú que podrían afectar la libertad de prensa.

El proyecto de ley, presentado por la bancada de Perú Libre, buscaría modificar el Código Penal incrementando las penas por calumnia y difamación en medios de comunicación.

El presidente de la SIP, Roberto Rock, advirtió que dicha medida podría “criminalizar la información” y fomentar la autocensura.

El partido político de Vladimir Cerrón propuso aumentar las penas de prisión de tres a cinco años para los delitos de calumnia y difamación realizados a través de libros, prensa, redes sociales, entre otros.

Aunque el dictamen fue rechazado en una segunda votación en junio, la Comisión de Justicia del Congreso de la República sigue analizando la reforma. Esto ha generado una respuesta crítica por parte de distintos sectores que defienden la libertad de expresión y el trabajo periodístico.