La gestión de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ordenó vigilar los movimientos e interceptar las llamadas telefónicas de los periodistas Juan Carlos Tafur, director del portal Sudaca, y César Romero, editor de la sección judicial de La República, según un informe difundido este jueves por el diario.
De acuerdo con documentos oficiales y reservados del Ministerio Público, desde abril hasta noviembre pasado, por orden del fiscal Andy Rodríguez, se realizaron acciones de seguimiento policial y videovigilancia a ambos hombres de prensa, tanto en sus casas como en sus desplazamientos públicos y en sus oficinas.
Las fechas del reglaje e interceptación telefónica coinciden con la publicación de reportajes que abordaron la decisión de Benavides de desarticular las fiscalías de Derechos Humanos, la polémica de sus tesis no habidas, la falta de precisión en la información entregada a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para su nombramiento como fiscal suprema titular y los hilos telefónicos que la vinculan con el empresario Antonio Camayo, clave en el caso ‘Cuellos Blancos’.
Esta mafia, formada por jueces y fiscales que traficaban sus sentencias por favores políticos o dinero, tenía tomada las salas judiciales de Lima y Callao, donde se ubica el puerto del mismo nombre. Al menos siete llamadas entre Camayo y Benavides fueron registradas en un documento de la División de Investigaciones de Alta Complejidad (DIVIAC) divulgado a inicios de año por Hildebrandt en sus Trece.
Según La República, las prácticas se enmarcaron en una investigación realizada “en estricto secreto” y derivada hace poco al tercer despacho del equipo especial ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, a cargo del fiscal Cristhian Alfaro, quien la envió al archivo el último 23 de noviembre al advertir que podría “criminalizar el ejercicio del derecho a la libertad de información necesaria en una sociedad democrática”, como lo reconocen diversas sentencias del Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“No se ha logrado recoger, plasmar ni se ha perennizado, a través de las técnicas especiales de investigación desplegadas (videovigilancia), algunas reuniones entre periodistas, abogados o personas potencialmente sospechosas que indiquen alguna actividad de resilencia (reconstrucción), por el contrario, solo se da cuenta de actividades habituales comunes, como asistir a un centro de trabajo o concurrir a una diligencia”, zanja el documento expuesto por el diario.
“Aquí que no hay nada ilícito que investigar. Lo único que hay es la intención de criminalizar a un periodista y buscar conocer sus fuentes informativas, utilizando los procesos en curso. Si no estás conmigo, te investigo, te persigo y escucho tus llamadas, ese es el legado de la administración Benavides y sus partidarios”, declaró Romero para su medio.
En un comunicado difundido en su web oficial, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) condenó estas acciones y exigió “que se investigue y sancione a los responsables de estas órdenes que atentan directamente contra el trabajo de periodistas que fiscalizan el poder político de la justicia”.
Benavides, sindicada como lideresa de una presunta red de tráfico de influencias en el Ministerio Público, no está formalmente acusada ni investigada hasta el momento al haber estado protegida por el fuero especial que le confería su puesto.
Su exasesor, Jaime Villanueva, fue liberado después de aceptar colaborar con las investigaciones, ya que reconoció la veracidad de los chats que dieron origen al proceso y aseguró que hizo todas las coordinaciones por orden directa de la magistrada.
La semana pasada, un equipo especial de fiscales anticorrupción allanó, junto con la Policía Nacional (PNP), la vivienda de Hernán Garrido Lecca, quien fue ministro del segundo gobierno de Alan García, acusado de influenciar en el nombramiento de Benavides como fiscal suprema y de actuar como su “operador” para lograr la suspensión del fiscal Rafael Vela, quien era jefe del equipo especial que investiga el caso Lava Jato.
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