Roberto Chiabra pretende que el Congreso sea el encargado de destituir a jueces y fiscales supremos

Desde el Congreso de la República se prepara un nuevo intento por vulnerar la separación de poderes con otras instituciones del Estado. Nuevamente, el sistema de justicia es el objetivo principal por parte de un partido político como lo es Alianza para el Progreso (APP) del actual y cuestionado gobernador regional de La Libertad, César Acuña.

Ayer se conoció que el parlamentario Roberto Chiabra presentó un proyecto de ley para realizar una reforma constitucional del Poder Judicial y el Ministerio Público. De acuerdo a la iniciativa se pretende modificar los artículos 144 y 158 de la Constitución Política que está relacionado al nombramiento, plazo y cese del cargo de los máximos titulares de estas entidades autónomas.

Precisamente, el último punto resulta más relevante porque Chiabra apunta a cambiar los artículos 106 y 107 de las leyes de las carreras judicial y fiscal. Y es en ambas busca incluir al Congreso como la institución encargada de destituir a los fiscales y jueces supremos de sus cargos.

De esta manera, la idea del integrante de APP conllevaría a que se le quite una facultad clave a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), cuya labor se reduciría a solo ejecutar la resolución aprobada en el Pleno del Congreso y disponer la separación definitiva del fiscal o juez supremo de sus funciones.

Coincidentemente, sacarle esta facultad a la JNJ se da cuando a inicios de este mes dispuso la suspensión provisional de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, por 6 meses al presuntamente cometer falta grave y muy grave al estar ligado a una red criminal en el marco del caso ‘La fiscal y su cúpula de poder’.

Otro aspecto que se contempla la iniciativa de Roberto Chiabra es la modificación de la elección e integrantes del Poder Judicial y la Fiscalía.

“El cargo de presidente del Poder Judicial es ejercido por el vocal supremo titular de mayor antigüedad por un periodo de tres años, sin posibilidad de reelección”, dice en el documento. Actualmente, hay un proceso en el que se presentan candidatos, planes de trabajo y termina con la votación entre los 18 jueces supremos titulares.

“La transferencia se realiza quince días antes de la asunción al cargo del nuevo presidente, el mismo que asume funciones el primer día hábil del año entrante”, agregan.

El mandato del Consejo Ejecutivo del PJ durará dos años y tendría que contar entre sus integrantes con tres jueces, y ya no dos, supremos titulares elegidos por la Sala Plena.

De otro lado, Chiabra agrega que el cargo de Fiscal de la Nación es ejercido por el Fiscal Supremo Titular de mayor antigüedad por un período de tres años, sin posibilidad de reelección. Sin embargo, al igual que con el PJ, también existe una elección en la Junta de Fiscales Supremos.

Al ser un proyecto de reforma constitucional tendría que discutirse en la Comisión de Constitución. Si se aprobará en este grupo de trabajo pasaría al Pleno, donde tendría que respaldarse a la norma en dos legislaturas consecutivas con 87 votos a favor.

A la propuesta de Chiabra se suma otra impulsada desde las filas del fujimorismo que promueve una reforma exprés del sistema de justicia en tan solo 45 días. Es decir, apuntan a intervenir la Junta Nacional de Justicia, el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación.

Los autores de la moción de orden del día son los legisladores Eduardo Castillo y Martha Moyano. Ellos ya contarían con el respaldo de otras fuerzas políticas. Así se desprende de las firmas de los congresistas Adriana Tudela (Avanza País), Alejandro Muñante (Renovación Popular), José Jerí (Somos Perú), Roberto Sánchez (Cambio Democrático), Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso) y María del Carmen Alva (no agrupada).

“Aprobar la conformación de una Comisión de Alto Nivel Multipartidaria encargada de presentar una propuesta de reforma integral del sistema de administración de justicia en el Perú”, se lee.

El fujimorismo también propone que en la composición de este grupo de trabajo también exista la representación de los no agrupados, que serían dos legisladores, con el fin de que ninguna bancada quede excluida de la composición final.

Fuerza Popular quiso sacar adelante su reforma exprés del sistema de justicia. Por ello, fue incluido en el Pleno del 15 de diciembre pasado. No estaba en la agenda y se trató de aprobar tras no recibirse a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, a quienes buscaban destituir por presuntamente cometer falta grave.

Sin embargo, no obtuvo el respaldo necesario porque consiguió 45 votos a favor, 46 en contra y seis abstenciones.