Una nueva movida de Javier Pacheco debilitaría aún más la Procuraduría general del Estado. El funcionario no solo se limitaría a eliminar la unidad que sigue de cerca las investigaciones de la Fiscalía contra altos funcionarios como la presidenta de la República, Dina Boluarte, el primer ministro Alberto Otárola, y el exmandatario Pedro Castillo, sino también buscaría interferir en el caso Lava Jato.
Según el diario El Comercio, Pacheco tendría en mente separar a la abogada Silvana Carrión del liderazgo de la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato. Pero no solo buscaría esto, sino también la desactivación de su oficina alegando que cumpliría las mismas funciones que la Procuraduría anticorrupción desempeña dentro de la entidad.
El cuestionado procurador general del Estado cumpliría con su objetivo siempre y cuando el Consejo Directivo de la entidad —integrado por Luis Miguel Iglesias León, representante de la Contraloría, y David Charles Napurí, representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,—lo apruebe. Por cierto, Pacheco no puede intervenir en el máximo órgano de la Procuraduría porque se encuentra investigado por corrupción.
En caso se dispusiera la salida de Silvana Carrión, al menos 125 indagaciones penales por presuntos sobornos de la empresa Odebrecht y otras firmas brasileñas estarían en peligro porque se dejaría sin representación del Estado ante los posibles daños que habría recibido por los actos de altos funcionarios.
Al respecto, la trama Lava Jato salpica a los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Martín Vizcarra (2018-2020). De igual manera, se encuentra incluidas la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, y la excandidata presidencial, Keiko Fujimori.
Toledo se encuentra en la etapa de juicio oral por el caso Interoceánica, Fujimori está por afrontar el caso Cócteles y el financiamiento de su campaña electoral en el 2011, y Villarán hará lo propio por el proceso contra su revocatoria como autoridad edil en el 2013.
Adicionalmente, las intenciones de la Procuraduría ad hoc para cobrar las cauciones económica contra los investigados por recibir coimas de las compañías brasileñas quedarían en el aire por la desactivación de esta área por parte de Javier Pacheco.
Pedido de información
Al respecto, el fiscal José Domingo Pérez, miembro del Equipo Especial Lava Jato, solicitó información a Freddy Niño Torres, integrante del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, sobre posibles actos obstruccionistas de Javier Pacheco con la disolución de la unidad que sigue las indagaciones a funcionarios como la mandataria Dina Boluarte y el premier Alberto Otárola.
Igualmente, la movida de Pacheco también salpica al proceso por el fallido autogolpe de Estado de Pedro Castillo y el Vacunagate que involucra a Martín Vizcarra.
“La información de carácter público que da cuenta de los posibles actos de obstrucción e interferencia con el sistema de administración de justicia que viene cometiendo Javier Pacheco Palacios, tal como la desactivación de la Unidad de Defensa Jurídica contra altos funcionarios de la Procuraduría General del Estado (PGE), entre otros; ello, especialmente a partir de su designación como Procurador General del Estado Interino”, se lee en el documento.
Hay que mencionar que Pacheco también dispuso la salida de un grueso número de funcionarios de la Procuraduría general del Estado en represalia porque impulsaron la investigación por la contratación que hizo de Katia Portugal, quien sería su presunta pareja. Los perjudicados son:
- Omar Kadafi Jesús Rojas Silva, jefe de la UFDJE en casos seguidos contra Altos funcionarios
- Jorge Pasco Loayza, jefe de la Oficina de Control Funcional
- Roxana Yanett Paz Cárdenas, jefa de la Unidad de Evaluación, Supervisión, Control y Fiscalización de la Oficina de Control Funcional
- Zenaida Calderón Anticona, directora de la Dirección de Valoración y Pericias
- Saúl Enrique Alfonso Ampuero Godo, director de la Dirección de Aplicación Jurídico Procesal
- Patricia Carolina Rosa Garcés Peralta, directora del Centro de Formación y Capacitación
- Napoleón Fernández, jefe de la Oficina Jurídica
- Luis Tapia Soriano, director de Información y Registro
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