Decreto de Boluarte que resta facultades a Fiscalía nos pone al nivel de Nicaragua y Venezuela, dice exprocurador

El exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado cuestionó duramente el Decreto Legislativo N° 1605, que modifica 30 artículos del Nuevo Código Procesal Penal para permitir a la Policía Nacional del Perú realizar investigaciones “urgentes o inaplazables” sin la presencia de un representante del Ministerio Público.

En declaraciones a RPP Noticias, Maldonado catalogó el referido decreto como un “gravísimo retroceso a lo que el Perú ha avanzado en estos años en la reforma procesal penal”.

“En los países civilizados, avanzados y desarrollados, (como) Europa, Estados Unidos, etcétera, menos en las dictaduras, la investigación las conduce un Ministerio Público moderno, eficiente, bien formado, diligente y eficaz. La Policía es un órgano que coadyuva la investigación, pero el conocimiento jurídico técnico de lo que es aplicar la teoría jurídica no la tiene el cuerpo policial, la tiene un cuerpo técnico”, indicó.

El especialista precisó que países de corte autoritario adoptan un modelo procesal penal en el que la Policía, que no cuenta con la preparación profesional en derecho, asume facultades propias del Ministerio Público.

“Los países en la región de corte autoritario, tanto de derecha como de izquierda, El Salvador, Nicaragua, Bolivia, Venezuela, etcétera, usan esos modelos donde se suprime o la presencia del Ministerio Público es ilusoria. Todo ello contradice el concepto de la debida diligencia, que es un concepto pacíficamente aceptado por la doctrina y la jurisprudencia de órganos internacionales de protección de derechos humanos”, apuntó.

El exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado alegó que el Tribunal Constitucional declararía inconstitucional el Decreto Legislativo N° 1605 en caso se promueva una demanda de inconstitucionalidad en su contra.

No obstante, aseguró que los jueces del Poder Judicial podrían hacer control difuso e inaplicar el referido dispositivo legal emitido por el Gobierno. Dio como ejemplo el caso de la jueza Antonia Saquicuray, quien se opuso a aplicar la ley de amnistía a favor del Grupo Colina al considerar que estaban siendo procesados por crímenes de lesa humanidad.

“Hace muchos años una jueza valientemente rechazó la amnistía que decretó un dictador para proteger a perpetradores de derechos humanos. De tal manera que en el Perú hay una tradición jurídica muy fuerte. Si partimos del supuesto de que el Tribunal Constitucional es independiente esta norma debería ser declarada (inconstitucional)”, aseveró.

Antonio Maldonado también aseguró que estas modificaciones no tendrán un resultado concreto ya que considera que es una medida populista y simbólica ante los errores que han cometido algunos fiscales.

“Los políticos de superficial compromiso con la democracia buscan salidas rápidas y, sobre todo, simbólicas, pero no son reales. Un ejemplo es el caso de El Salvador de Nayib Bukele donde la Policía (...) tiene atribuciones plenas y plenipotenciarios expresadas en la violación flagrante de los derechos humanos”, cuestionó.

“Lamentablemente, la tendencia en modelos democráticos, como dice The Economist, híbridos es hacía el populismo, hacía medidas que dan la sensación de que se está haciendo algo, pero que en realidad no resultan eficaces para nada porque nadie seriamente cree que el derecho penal resuelve los gravísimos problemas de la criminalidad”, agregó Maldonado.