Puno: Presentan demanda constitucional de amparo contra el Estado peruano para proteger el lago Titicaca

Como parte de las acciones para establecer medidas urgentes que aseguren la protección del lago Titicaca, la Asociación de Pueblos Originarios Conservacionistas de los Recursos Naturales en la Reserva Nacional del Titicaca (APOC) ha presentado una demanda constitucional de amparo ante el Tercer Juzgado Civil de Puno para que se reconozca a la fuente de agua como sujeto de derecho.

De acuerdo a la agencia de noticias especializada en pueblos indígenas, ambiente, crisis climática y Servindi, la demanda se dirige contra el Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca (PEBLT) —encargado de garantizar el aprovechamiento y el manejo integral de sus recursos—, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Ministerio del Ambiente (Minam). Asimismo, contra el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp) y la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Puno.

Las razones detrás de esta acción legal giran en torno a acusaciones sobre potenciales afectaciones al lago navegable más alto del mundo, que involucrarían de cerca las funciones de supervisión y reguladoras de la ANA y el Minam, además de la administración local vinculada con el ambiente y la gestión de recursos naturales, entre otras causas.

Asimismo, las comunidades quechuas, aimaras y uros acusan a las autoridades públicas por el presunto incumplimiento de garantizar su derecho a un medio ambiente sano, equilibrado y adecuado para su desarrollo y sustento.

De acuerdo a la demanda constitucional de amparo presentada por demandantes, hablar del reconocimiento del Lago Titicaca como sujeto de derechos implica reconocerlo como a un individuo con la capacidad legal de tener y ejercer derechos propios y ser representado en tribunales por seres humanos, quienes abogarán en su nombre.

En ese sentido, al considerar al Lago Titicaca como un ente con derechos, se espera corregir abusos y prácticas insostenibles, protegiendo así uno de los cuerpos de agua dulce más importantes del continente sudamericano.

Asimismo, se detalla que la idea de que la Tierra tiene “el derecho inherente de prosperar” asegura que los elementos naturales no sean meramente vistos como recursos explotables, sino como sistemas vivos esenciales para el bienestar de todos los seres que habitan el planeta, incluyendo la humanidad.

La Asociación de Pueblos Originarios Conservacionistas de los Recursos Naturales en la Reserva Nacional del Titicaca (APOC) —la parte demandante— ha señalado que la falta de acciones concretas por parte de las instituciones competentes sería la causa principal detrás del deterioro medioambiental en el lago Titicaca y la Reserva Nacional del Titicaca.

Esto debido a que las medidas de descontaminación, necesarias para preservar la salud de estos ecosistemas vitales, no habrían sido implementadas de manera efectiva, acelerando su degradación. Este conflicto abre un debate sobre la tutela de los derechos fundamentales de comunidades indígenas en la gestión ambiental.

Asimismo, han manifestado preocupación por la vulneración de su derecho a participar en la conservación y utilización de los recursos del Lago Titicaca, así como el derecho al acceso a sus fuentes de agua, su identidad cultural, y la libertad de creencia religiosa.

Edgar Cahui Ccahue y Pedro Pascual Chaiña Velásquez, representantes de la asociación APOC, aguardan la decisión del Tercer Juzgado Civil de Puno sobre la demanda interpuesta para el reconocimiento de los derechos del lago Titicaca y su entorno.

La admisión favorable de tal acción marcaría un precedente en cuanto a la protección ambiental. Pues, esta acción legal no solo buscaría la protección del hábitat natural, sino también fortalecería el papel de las organizaciones indígenas como guardianes y defensores del cuerpo de agua afectado.

La expectativa de los pueblos indígenas es que el Estado peruano avale su posición y los designe formalmente como representantes legítimos del cuidado del lago y sus afluentes.

Asimismo, esperan que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca desarrollen un plan de acción regional para la descontaminación del Lago Titicaca y su recuperación.

Este mandato incluye la asignación de recursos humanos, logísticos y financieros necesarios para la ejecución eficiente del proyecto.

En tal sentido, han resaltado que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) juega un papel crucial en la asignación de dichos recursos para la supervisión de las medidas de descontaminación y recuperación de la Reserva Nacional del Titicaca.

Infobae Perú consultó con expertos en material ambiental sobre la demanda constitucional de amparo contra el Estado peruano para proteger el lago Titicaca.

Sobre ello, explicaron que hay problemas de fondo que no se solucionan directamente reconociendo los derechos de la naturaleza, sino más bien analizando cuáles son las demandas de fondo que están planteando las comunidades nativas afectadas del emblemático lago ubicado en el Altiplano andino.

Entre dichos reclamos resaltan pedidos históricos sin resolverse, tales como el respeto a los estándares ambientales, control sobre posibles empresas contaminantes, desabastecimiento de agua para consumo humano y la afectación a las especies hidrobiológicas que forman parte de su cadena alimenticia.

En tal sentido, sostienen que la importancia de esta demanda radica en el surgimiento de una recurso jurídico por parte de poblaciones locales y organizaciones indígenas para que las autoridades tomen atención sobre los objetivos autónomos y colectivos que buscan lograr para garantizar la vida de la tierra y las personas.

El Lago Titicaca es conocido por ser uno de los lagos más grandes de América del Sur y un importante destino turístico.

Sin embargo, desde hace varios años, el ecosistema está siendo impactado por una grave contaminación en sus aguas que afectan a 9 de las 13 cuencas que lo alimentan. Los contaminantes incluyen metales pesados y residuos fecales, además de otros desechos, que afectan la biodiversidad en los ríos, el entorno social y la salud humana.

Por ejemplo, la presencia de sustancias tóxicas como arsénico, mercurio y plomo contaminan múltiples ríos, los cuales son de relevancia para las comunidades indígenas cercanas.

Según la nota publicada por Servindi, el río Coata contiene una mezcla dañina de fósforo, arsénico, mercurio, plomo, zinc, además de coliformes fecales. Asimismo, el río Azángaro presenta una variedad más amplia que incluye aluminio, arsénico, bario, cobalto, cromo, cobre, hierro, mercurio, manganeso, níquel, plomo y selenio.

Estos hallazgos plantean serias preocupaciones sobre la seguridad del agua y la salubridad ambiental en estas áreas.