Javier Pacheco desactivó unidad de Procuraduría que tenía casos contra tres presidentes y 72 congresistas

Javier Pacheco, abogado con investigaciones en curso, fue nombrado por la presidenta Dina Boluarte como nuevo jefe interino de la Procuraduría General del Estado (PGE), debido a la suspensión temporal de Daniel Soria. Pese a tener unos días en el cargo, Pacheco solicitó la dimisión de ocho altos cargos y desactivó dos unidades importantes: La de Defensa Jurídica del Estado en casos seguidos contra altos funcionarios, y la Unidad Funcional de Articulación Territorial.

Tres fuentes cercanas a la Procuraduría alertan que la continuidad de Pacheco, quien en realidad solo está de paso, podría por terminar de desmantelar la institución. Pues preocupa que decida asumir el cargo de presidente del Consejo Directivo de la PGE, y comience a sesionar junto con los otros dos miembros del Consejo (un representante del Ministerio de Justicia y uno de la Contraloría) sobre decisiones que atenten contra otras procuradurías especializadas, lo cual es ilegal. Pacheco no puede asumir ese cargo pues, además de estar investigado, él aún no renuncia a su puesto de procurador anticorrupción, lo que califica como incompatibilidad.

Sorprende que la Contraloría de la República, quien tiene un representante como miembro del Consejo Directivo, quien es Luis Miguel Iglesias León, no haya observado sobre estos rápidos cambios, renuncias y desactivaciones de unidades en cuestión de horas que atentan contra el avance del seguimiento de casos.

Un total de 87 casos en trámite eran los que manejaba la Unidad de altos funcionarios, la cual se creó por la complejidad y volumen (cantidad) de las investigaciones por delitos de corrupción en agravio del Estado y otros, donde se involucraba a 105 personas, entre congresistas (72), ministros y exministros (34), presidentes y expresidentes del Consejo de Ministros (6), presidentes de la República (3) y otros funcionarios (10).

Al desactivar dicha unidad, todos los casos y documentación han pasado a manos de Javier Pacheco, quien al ya no tener un equipo de abogados para el correcto seguimiento de los casos, no se estaría asistiendo a las diligencias.

Una situación que ha generado preocupación sobre el futuro de las indagaciones en casos que involucran a figuras políticas de alto nivel, entre ellos la presidenta de la República, Dina Boluarte, y el premier Alberto Otárola. Así como casos de los congresistas ´mochasueldos’, Los Niños y demás.

Fuentes de Infobae Perú mostraron su preocupación ante un posible riesgo para la Procuraduría Ad Hoc por el caso Lava Jato. Sin embargo, un intento por desmantelar la institución que maneja los casos Odebrecht solo podría realizarse a través de decisiones aprobadas por el Consejo Directivo de la PGE, donde Javier Pacheco está prohibido de asumir funciones.

El Consejo Directivo es el órgano de mayor jerarquía de la PGE. Actualmente, lo conforma Luis Miguel Iglesias León, representante de la Contraloría y David Charles Napurí, representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, recientemente designado tras la renuncia de Ramón Alcalde Poma producida el pasado 22 de diciembre.

Sobre este último, Javier Pacheco pretende designarlo en el puesto de director de Información y Registro, puesto clave para el nombramiento de procuradores. Se menciona que Alcalde siempre actuaba en contra de las decisiones de Daniel Soria, ahora separado de la institución.