Cierra el 2023 como el peor año de violencia contra la mujer: Lima y Arequipa son las ciudades con mayor índice de feminicidios

“La justicia llega cuando mi hija fallece”, afirma la madre de Katherine Gómez, quien fue quemada viva por su expareja en una vía pública durante marzo de 2023. Sin embargo, tuvo que pasar casi una semana para que el Poder Judicial ordene la detención de su agresor. Lamentablemente, el suyo es un nombre más en una larga lista de mujeres que fueron víctimas de feminicidio en este año.

Desde ese momento, su lucha por alcanzar justicia no ha parado, al igual que la de los parientes de las otras 141 mujeres que fueron asesinadas hasta octubre del 2023, una cifra que —a falta del registro de los dos últimos meses del año— ya supera los 130 casos contabilizados en todo el 2022.

Además, el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (Aurora) reveló que, de estos, el 56,3% de los casos de feminicidio guardan un vínculo de relación de pareja con el agresor y el 19,3% fue perpetrado por una expareja.

Victoria Solís Peña, experta en litigio en casos de violencia de género del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, y Gloria Montenegro, política feminista que se desempeñó como ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú en anteriores gobiernos, nos ayudan a poner la lupa sobre esta problemática en conversación con Infobae Perú.

Uno de los principales aciertos —y quizá el único— del Gobierno de Dina Boluarte a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables llega con la ejecución a tiempo del presupuesto dedicado a este sector. Según el portal de Transparencia, de momento, se ha invertido el 83,2% de lo asignado.

No obstante, eso no garantizó que las medidas implementadas tuvieran el resultado esperado en cuanto a la erradicación de la violencia de género. Frente a dicho panorama, Gloria Montenegro evalúa la gestión de la actual presidenta y lamenta el trabajo realizado. “Desde un ministerio que ella debería conocer a profundidad, las poblaciones vulnerables no han mejorado su situación, sino que —por el contrario— ha aumentado la pobreza, ha aumentado la desnutrición, ha aumentado la violencia”, afirma.

Para ella, la base de cualquier plan de acción se centra en el involucramiento de todos los órganos que conforman al Estado peruano, sobre todo si se considera que el MIMP ya cuenta con las políticas públicas necesarias para hacer frente a la violencia contra la mujer. Una realidad que el actual Gobierno no ha logrado plasmar durante el año que ha tenido a cargo de este sector.

Aunque la lucha contra la violencia de género es una tarea que atañe a un gran número de operadores del Estado, entre ellos destacan aquellos encargados de garantizar que las víctimas logren acceder a la justicia, como la Fiscalía, el Poder Judicial y Medicina Legal. Dicho panorama pone al descubierto otras deficiencias en entidades que deberían estar debidamente capacitadas para asegurar que las sobrevivientes se sientan seguras y respaldadas.

A su vez, Montenegro apunta al clima de inestabilidad social y política que se vive constantemente en el Perú como una de las dificultades que debe superar esta gestión, pero precisa que el camino a recorrer por el MIMP para disminuir esta problemática ya se encuentra debidamente delimitado por las políticas públicas en torno al tema, aunque esto constituye otra de las deudas que mantiene Dina Boluarte con la población femenina.

Una cifra que se pone en la mesa y que genera preocupación es la tasa por feminicidio en los departamentos del Perú. Lima y Arequipa son las dos ciudades que lideran esta lista, con 25 casos cada una, de enero a octubre de este año.

Entre la Ciudad de los Reyes y la Ciudad Blanca existe una gran diferencia solo del número de población, debido a que la primera alberga a 10 millones 151 mil habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Mientras tanto, la segunda cuenta con un millón 554 mil 251 personas.

Infobae Perú también solicitó información, a través de Transparencia, al programa Aurora del MIMP sobre las provincias de Arequipa que se han reportado más casos de feminicidio. Solo en Arequipa se cuenta con 18, le sigue Caylloma con 2 y Caravelí con uno.

De esta manera, se visibiliza la preocupante situación de Arequipa, que tiene un menor número de población, pero está como una de las ciudades más peligrosas del Perú para una mujer. La abogada Montenegro sostiene que se debe trabajar de la prevención con las personas que originan este tema —considerado como un problema de salud pública—.

La falta de una respuesta apropiada a la violencia de género por parte de la PNP lleva a ser cuestionada, ya que —según reportes—, no siempre se siguen con los procedimientos adecuados. Se ha evidenciado que el trato que reciben las mujeres al momento de denunciar puede disuadir a otras de buscar ayuda.

Los protocolos de actuación y la sensibilización sobre esta problemática son esenciales para evitar la revictimización. La capacitación debe ser continua y adaptarse a los desafíos que presentan estos casos, con un enfoque en los derechos humanos y la protección de las víctimas.

Victoria Solis, especialista en procesos relacionados a los derechos humanos de las mujeres, señala que es fundamental el “fortalecimiento” de las entidades que atienden estas diligencias. Además, enfatiza que se trata de una “voluntad política” y un trabajo articulado.

Solis también revela que —sobre todo el ámbito rural— la Policía tiene diversos desafíos para proteger a las víctimas. “Las medidas que protección que la Policía debe ejecutar, supervisar y vigilar; lamentablemente, no tiene la capacidad suficiente para hacer esta función. […] Existen muchos efectivos que no ven estos casos como graves, pero también tiene que ver otros factores como son los recursos”, explicó.

Ante este panorama, Montenegro coincide con Solis sobre la importancia de la preparación y reforma en la institución sobre los casos de violencia. “De la misma manera que tiene que estar bien capacitado, tiene que haber un control. La gente que es corrupta tiene que ser retirada de inmediata. Lo que hacen es cambiarlo de una zona a otra para hacer lo mismo”, refiere.

El trabajo conjunto de las instituciones es crucial para la atención de las víctimas, por lo que la función de los agentes y trabajadores de cada entidad serán parte para erradicar el problema.

La violencia contra las niñas, niños y adolescentes constituye una de las problemáticas más urgentes a las que debió hacer frente el Gobierno de Dina Boluarte durante su primer año de gestión. De acuerdo a la información brindada por el Programa Aurora, en el 2022 se reportaron 27 mil 622 casos de abuso sexual y el 72,6% de ellos tuvo como víctimas a menores de entre 0 y 17 años.

Dicho panorama se ha mantenido a lo largo del 2023, puesto que —hasta octubre— se registraron 25 mil 956 denuncias y el 71,1% atentó contra niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, y pese al apremio de esta situación en el país, la mencionada población continúa siendo una de las más desatendidas.

Para Solis, el tema pasa, principalmente, por una deficiencia en materia de prevención, la cual involucra al Ministerio de Educación y se centra específicamente en la falta de implementación de los lineamientos —que fueron actualizados en el 2021— que garantizan el acceso a la educación sexual integral por parte de los escolares.

No obstante, la especialista también evidencia su preocupación en cuanto a la atención de las víctimas, sobre todo cuando estas llegan hasta las Unidades de Protección Especial (UPE), las cuales intervienen en caso de desprotección o riesgo de menores de edad, y no son apoyadas de la manera establecida en el protocolo del Ministerio de la Mujer.

El tema de la capacitación y evaluación del personal, no solo a nivel del Ministerio de la Mujer, sino también del personal escolar que tiene contacto con los menores, es especialmente relevante si se tiene en cuenta que, de acuerdo a un reciente informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en el 74% de los casos de violencia sexual contra menores de 18 años, el agresor es un familiar o alguien muy conocido y cercano al entorno —social o escolar— de la víctima.

Por su parte, Montenegro considera esta problemática como otro de los factores que más alarma ha generado a lo largo de este último año. De acuerdo a su experiencia, esto también se debe a una falencia que recae en otros sectores involucrados en la defensa de los menores, como la falta de “liderazgo en el Ministerio de Educación que proteja nuestra niñez”. “Tenemos todavía profesores denunciados por violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes que continúan, yo creo que no les pasa nada. Entonces, nos vamos dando cuenta de que la ministra de Educación tampoco contribuye ni ha contribuido a funcionar este problema gravísimo”, elabora. Sin duda, otra de las deudas pendientes del Gobierno de Dina Boluarte.

Ante los casos de violencia de género, Montenegro destaca que se requieren acciones específicas y puntuales que deben llevarse a cabo sin dilación para combatir dicha problemática. Enfatiza en que, más allá de cambiar a los titulares, lo crucial es otorgarle importancia y urgencia a medidas estructurales de fondo que garanticen la seguridad y el respeto a los derechos de las mujeres.

A su vez, indica que la intervención de la ciudadanía es clave para la disminución de los casos, además de llamar a los tres niveles de gobierno a participar en la prevención y con una agenda de políticas públicas antes de que sea tarde.