Caso Manta: acusan a la Fiscalía de acciones dilatorias por parte de su representante durante juicio histórico

Ser mujer en el Perú es estar expuesta a un estado de vulneración constante: tus derechos pueden verse amenazados por diferentes frentes, desde agresores —que incluso suelen llegar en la forma de una pareja— hasta el propio Estado —que en muchas ocasiones ha sido señalado por perpetrar acciones que perjudican y revictimizan a sobrevivientes de violencia de género—. Sin embargo, si lo vivido actualmente es capaz de preocupar a cualquiera, resulta necesario evidenciar lo ocurrido durante una de las épocas de violencia más sombrías de nuestra historia republicana.

Durante el conflicto armado interno, entre los años 1980 y 2000, formar parte de la población femenina significaba inmediatamente pertenecer a un grupo de riesgo, situación que solo se acrecentaba si provenías de regiones que conforman la sierra sur del país, principalmente Ayacucho, Huancavelica, Huánuco y Apurímac. De acuerdo a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), en su informe final —que data del 28 de agosto del 2003—, el panorama se agravaba para quienes conformaban “las fracciones sociales menos integradas a los centros de poder económico y político de la sociedad peruana”.

Dentro de este primer y tercer grupo se hallan nueve mujeres oriundas de Manta, Huacanvelica, quienes se armaron de valor y decidieron denunciar a sus agresores: 13 integrantes del Ejército peruano, que se posicionó como máxima autoridad en la zona el 21 de marzo de 1984. Y hoy, después de cerca de 40 años de lucha desde que sufrieron dichos abusos, ellas se hallan en la última parte de un juicio histórico —el segundo del caso y que inició en 2019— que solo busca garantizar su acceso a la justicia por todo lo sufrido durante aquella época.

El caso Manta posee una gran relevancia social y jurídica debido a que constituye parte importante de la memoria histórica del país y porque es, además, el tercer juicio en toda Latinoamérica que aborda la violencia sexual como crimen de lesa humanidad en contexto de conflicto.

En medio de este panorama, Cynthia Silva, abogada que acompaña la defensa legal de tres sobrevivientes y directora de la organización feminista Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus), señaló su preocupación por el rol que viene desempeñando la Fiscalía de la Nación a lo largo del proceso, la cual es representada por el fiscal Luis Javier Ramírez Cancho, quien reemplazó al fiscal Pedro Orihuela —que llevó el caso por tres años— sin motivo aparente y hoy se encuentra a cargo del mismo. La abogada resaltó la importancia de que este último cumpla con sus funciones de manera correcta, puesto que es él el encargado de sustentar todo el delito y, por ende, tiene en sus manos la responsabilidad de definir si las mujeres mantinas lograrán alcanzar la justicia.

Fue esta argumentación desordenada y confusa la que, de acuerdo a la presidenta de Demus, llevó a que el propio director de debates suspenda la audiencia para que continúe en una posterior con una mejor preparación. A esta serie de obstaculizaciones y dilaciones ya se había sumado el pedido de la Fiscalía de hace una semana, cuando el juicio histórico por el Caso Manta volvió a frustrarse porque Ramírez salió dos semanas de vacaciones.

Pero esto no sería todo, entre sus antecedentes, destacó uno en particular: su participación en la sustentación de los hechos por los cuales se detuvo a ocho dirigentes del Frente de Defensa de los Derechos del Pueblo de Ayacucho (Fredepa) en el marco de las manifestaciones contra el Gobierno de Dina Boluarte a finales del 2022.

De acuerdo a un informe de La República, el magistrado precisó que, según un documento incautado a los senderistas en el año 2010, el Fredepa sería una “fachada del nuevo Sendero Rojo”. Además, añadió que sus dirigentes habrían cometido actos de terrorismo, puesto que pedían la instalación de una asamblea constituyente para acceder a una nueva constitución.

Para fines de este informe, intentamos contactar con el fiscal Ramírez; sin embargo, no obtuvimos respuesta.

Como parte del acompañamiento de tres de las denunciantes, Silva explicó que el juicio ya se encuentra en la última etapa del proceso, en la que las partes deben exponer sus alegatos finales.

Previamente, se culminó con la exhibición de las pruebas, las cuales consistieron en testimonios de las víctimas y testigos, documentos, noticias de la época, normativas que regían el actuar de los militares, informes especializados en las dinámicas sociales, pericias psicológicas de las víctimas, informes de expertas en el impacto de la violencia sexual, etc.

Posterior a ello, correspondería la deliberación del juzgado colegiado encargado del caso y, finalmente, la emisión de la sentencia. Sin embargo, pese a que en teoría no falta mucho y que la proyección de la propia Sala era culminar todo a fin de año, esto no será posible por diferentes retrasos ocurridos a lo largo del juicio, entre los que resaltan —acusó la abogada— dilataciones de la Fiscalía, específicamente del fiscal de turno.

Desde Demus se había pedido que las audiencias del juicio sean públicas, una solicitud que fue respaldada por las sobrevivientes del Caso Manta con el objetivo de que la ciudadanía se mantenga vigilante; no obstante, el requerimiento no fue escuchado.

Sin embargo, lo ocurrido en Manta no fue un hecho aislado. Y así lo corroboró la CVR, que señaló a los propios operadores del Estado por ser los principales perpetradores de estos abusos sexuales. Según lo precisado, ellos llegaban para controlar estas zonas y las violaciones se cometían, en mayor medida y de forma sistemática, al interior de ciertos establecimientos del Ejército y de las Fuerzas Policiales.

Para Silva, es importante reconocer y denunciar estos crímenes de lesa humanidad porque constituyen parte de la memoria histórica del Perú en el marco de los conflictos armados, sobre todo debido a que envuelven al uso de la fuerza en las violaciones de derechos humanos para controlar a los pueblos al tacharlos de terroristas y aplicar una política de persecución de población civil inocente, una situación que se repitió en distintas regiones del país.

Finalmente, consideró que la falta de una sentencia que establezca un precedente contra los abusos cometidos por operadores del Estado es lo que les permite seguir aplicando la violencia sexual como una forma de sometimiento a la población femenina. “Por ejemplo, ahora —cuando hay detenciones a mujeres que protestan— también pasa: desnudos forzados, introducciones dactilares (...). Todo esto sigue ocurriendo porque, precisamente, estos casos están impunes durante décadas sin que nadie los detenga y los sancione, sin un mensaje de que está prohibido violar en el marco de derecho en ninguna situación”, concluyó.