JNJ: ¿Cuáles serían las consecuencias de una posible destitución de sus miembros por parte del Congreso?

Pese a que la congresista Patricia Chirinos (Avanza País) presentó la primera moción para destituir a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia en el mes de agosto del año 2023, los siete magistrados de la JNJ continuaron ejerciendo sus funciones.

Para los integrantes del organismo de justicia, el argumento que presenta el Congreso no es válido pues el Legislativo sostiene que todos cometieron irregularidades al permitir que la magistrada Inés Tello se mantenga en el cargo luego de cumplir 75 años. Sin embargo, hoy 7 de marzo del 2024 el Parlamento debatirá la destitución e inhabilitación de todos.

En ese sentido, las funciones del organismo de justicia del Estado peruano no se han modificado ni se han suspendido en ningún sentido. Los magistrados que la conforman tampoco han visto limitadas sus atribuciones. Pero ¿qué pasaría en caso de que efectivamente sean removidos de sus cargos? ¿cuáles serían las consecuencias políticas de esta decisión tomada en el congreso?

Infobae Perú conversó en exclusiva con Cristhian Rojas, analista politico y miembro del colectivo ciudadano Es Momento, para concer cuáles serían las consecuencias de esta decisión que podría concretarse esta tarde.

“Partamos del hecho de que hay un intento claro por parte del Congreso de controlar el sistema de justicia (...) con todo lo que esto podría significar para partidos políticos y personas involucradas en serios temas vinculados a denuncias e incluso sentencias por corrupción”, explicó Rojas.

Para el integrante del colectivo ciudadano, Es Momento, si el Congreso remueve a todos los miembros de la JNJ se abriría la posibilidad de que el proceso de elección de nuevos integrantes incluya a personas cercanas a los partidos políticos que actualmente ocupan un sitio en el hemiciclo del Palacio Legislativo. “Eventualmente podrían controlar todas las denuncias y procesos de líderes políticos. Esto, a nivel democrático, no le haría nada bien al país”, indicó a Infobae Perú.

El caso “La fiscal y su cúpula de poder”, que involucra no solo a la suspendida fiscal Patricia Benavides, sino también a sus asesores e incluso a congresistas que actualmente ocupan el cargo sería una muestra de cómo es que el Congreso estaría intentando interferir en el sistema de justicia.

Para Rojas, “desde el Congreso ya han existido varios intentos por tomar espacios en instituciones y poner en esos cargos a personas que encajen con la forma que tienen los parlamentarios de ver la política, algo que va en contra de la diversidad política y que habla sobre el intento de alinear sus intereses porque esto (las intención de los congresistas por destituir a los miembros de la JNJ) ya no es de izquierda o derecha, es someter al sistema democrático y ponerlo de rodillas”.

Durante su conversación con Infobae Perú, el analista político también aseguró que actualmente el Congreso “ya tiene a la Defensoría (del Pueblo), ya tiene al Tribunal Constitucional que le conviene e incluso a un Poder Ejecutivo que se queda callado y no hace un contrapeso (...). Tomar la JNJ es la cereza de la torta autoritaria que quieren crear en el país”.

Rojas aseguró que de darse el caso, si los integrantes actuales de la Junta Nacional de Justicia son destituidos, “el Congreso tendría el control sobre la gran mayoría de las instituciones democráticas (...) A partir de ahí, solo quedaría tomar el control sobre el sistema electoral por medio de la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)”.

El año pasado, el 14 de diciembre, el Congreso aprobó un dictamen que, en la práctica, desaparece a los movimientos regionales de la participación en las elecciones, pues establecieron una valla de inscripción muy alta, además de eliminar las elecciones primarias del sistema electoral.

Para Rojas, este hecho se realizó para que los partidos que actualmente se encuentran en el poder “creen un sistema perfecto para que ellos sean los únicos que puedan ser electos. Si cae la Junta (Nacional de Justicia), el siguiente paso es la ONPE y con eso hemos la democracia cae por completo”, aseguró a Infobae Perú.

La Junta Nacional de Justicia no es un órgano menor en el sistema judicial del Perú. De hecho, es una parte clave del mismo pues su ley orgánica les otorga autoridad para realizar una serie de acciones como:

• Nombrar a jueces y fiscales en todos los niveles luego de la organización de un concurso público
• Ratificar a jueces y fiscales cada siete años
• Evaluar el desempeño de los jueces y fiscales cada tres años y medio.
• Sancionar con amonestaciones o suspensiones a jueces de la Corte Suprema y fiscales supremos

No solo eso, sino que las funciones que son competencia de la Junta Nacional de Justicia también alcanzan a otros organismos independientes del estado peruano, como es el caso de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Registro Civil (RENIEC), pues tiene la capacidad de nombrar, renovar el cargo e incluso destituir a los jefes de ambas instituciones.

En ese sentido, aunque no se habla de un “control” sobre estos organismos ligados íntimamente al sistema electoral, la Junta Nacional de Justicia tienen una gran influencia sobre cómo estas son administradas y las decisiones que se toman a nivel institucional.