Sube a 33 la cifra de líderes indígenas asesinados en Perú: ¿por qué dejamos morir a los defensores ambientales?

El asesinato de un nuevo defensor indígena en Perú, ocurrido el lunes 18 de diciembre, ha vuelto a poner sobre la mesa los escasos esfuerzos y falta de atención del Gobierno y Estado peruano en la ola de violencia que enfrentan a diario los pueblos indígenas amazónicos en la defensa de su territorio.

Esto a pesar de que existe desde 2021 un Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh). Según el portal de noticias de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), esta es una herramienta clave que debe garantizar la prevención, protección y acceso a la justicia de quienes han emprendido diferentes luchas sociales en defensa de la vida como eje central. Entre ellos los líderes indígenas y defensores ambientales.

Sin embargo, lo cierto es que, tal como advierte la SPDA, a casi dos años de haberse establecido un mecanismo de protección para personas defensoras en el país, representantes de la sociedad civil y organizaciones indígenas denuncian que las medidas aplicadas no han logrado detener los asesinatos.

De acuerdo a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) —conformada por 9 organizaciones indígenas amazónicas descentralizadas que se ubican en el norte, centro y sur de la selva peruana— en los últimos 10 años han sido asesinados 33 defensores de sus territorios y bosques.

Sobre este mismo hecho, se sabe que, según el informe de la ONG Global Witness, 15 defensores ambientales fueron asesinados entre los años 2021 y 2022. Por tal razón, hoy, el Perú se sitúa entre los países de mayor índice de crímenes de este tipo a nivel mundial.

En el territorio nacional, el homicidio más reciente en el marco de esta problemática corresponde al fallecimiento del líder indígena y defensor ambiental kakataibo, Benjamín Flores Ríos, quien en vida ejerció una lucha frontal por el cuidado del territorio integral de su comunidad Mariscal Cáceres; no obstante, fue asesinado por presuntos cocaleros en Ucayali.

Dicha región es la más afectada por actos de violencia dirigidos contra comunidades nativas, puesto que registra alrededor de 20 líderes en peligro de muerte, información confirmada por La República.

En esa línea, las economías ilegales, tales como el narcotráfico, la tala y minería ilegal, agudizan aún más el problema. Por ello, ante la insuficiente atención de las autoridades y el abandono estatal, el fortalecimiento de los comités de autodefensa y la organización se constituyen como dos pilares fundamentales para hacer frente a la violencia ejercida por parte de los grupos ilegales que invaden sus territorios ancestrales.

Según un análisis de la SPDA —asociación civil sin fines de lucro dedicada a la promoción de políticas y legislación ambiental— en lo que respecta a las fallas para implementar de manera efectiva el Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, estas tienen que ver principalmente con una notable falta de presupuesto para activarse a tiempo.

En gran medida, esto se debería al Ministerio del Interior (Mininter) que aún no ha establecido formalmente las pautas necesarias para la financiación del mecanismo creado en 2021.

En esa línea, se sabe que la disposición, que especificaría las estrategias de financiamiento para su implementación, fue anunciada en 2022, pero hasta la fecha no se ha concretado.

Asimismo, la SPDA resalta que la poca coordinación entre distintos niveles de gobierno y la ausencia de información clara y accesible relativa a las acciones implementadas para la protección de defensores de derechos ambientales continúa siendo un tema de preocupación expresado por diversos sectores.